Washington, 2 jul (RHC-PL) El Caucus Negro del Congreso norteamericano instó a los estados a ignorar la solicitud del Gobierno de Donald Trump de entregar datos de votantes a la comisión sobre fraude electoral, difundieron medios locales.

De acuerdo con los legisladores del grupo, están seguros de que si se cumple con esa petición, emitida unilateralmente sin ninguna discusión pública, se daría lugar a un esfuerzo nacional sin precedentes de supresión de votantes.

En la misiva, dirigida a la Asociación Nacional de Secretarios de Estado y citada por el portal digital The Hill, el caucus expresó su preocupación por el potencial que tendría esa solicitud de socavar los derechos de privacidad de los electores.

La amplitud de la información demandada, incluidos el nombre, dirección, fecha de nacimiento, afiliación a partidos políticos, historia de la votación y números de la Seguridad Social, no solo es abrumadora, sino escalofriante desde una perspectiva de derechos y libertades civiles, agregaron.

Asimismo, criticaron que la comisión esté encabezada por el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado de Kansas, Kris Kobach, a quienes señalaron como individuos con una conocida y notoria historia de supresión de votantes.

Trump creó el 11 de mayo último la Comisión Asesora Presidencial sobre Integridad Electoral, destinada a investigar sus acusaciones de un presunto fraude en los comicios de 2016 y analizar los procesos de registro y votación empleados.

El mandatario llegó a la presidencia gracias a 307 votos electorales, aunque perdió en el apoyo popular frente a la candidata demócrata, Hillary Clinton, quien recibió el respaldo de casi 2,9 millones de personas más que el republicano.

Pero el jefe de la Casa Blanca ha rechazado esos datos y sostiene que se incluyeron de tres a cinco millones de boletas fraudulentas, una acusación sobre la cual no se ha presentado evidencia.

Kobach, vicepresidente del panel, envió cartas a los 50 estados del país el jueves para pedirles que le brinden información en un plazo de dos semanas sobre sus sistemas de votación y sus ciudadanos.

Hasta el momento más de la mitad de los territorios se negaron a entregar los datos solicitados por la administración.