Guatemala, 18 sep (RHC) Grupos sociales de Guatemala convocaron a un paro nacional, el próximo miércoles, para exigir la renuncia del presidente Jimmy Morales y la depuración del Congreso, luego de una convulsa jornada de protestas callejeras contra la corrupción.

El llamado se hace después de que la policía evacuó, el pasado viernes, a decenas de congresistas que permanecieron unas siete horas en el interior del Parlamento, mientras en el exterior las personas protestaban.

Los senadores permanecieron en el Parlamento después de una sesión en la que retiraron dos polémicas reformas del Código Penal destinadas a blindar a los líderes políticos contra posibles acusaciones de financiamiento ilegal.

Las modificaciones pretendían desligar a los secretarios generales de los partidos de eventuales persecuciones penales.

El Congreso había aprobado además otro controvertido cambio del Código Penal: hasta ahora un delito penado con hasta 5 años de prisión podía ser excarcelable mediante fianza, pero los legisladores ampliaron el margen a los delitos sancionados con hasta 10 años de cárcel.

La indignación contra el actuar de los diputados se había atizado también porque dos días antes rechazaron un pedido de la fiscalía y de una misión anti-corrupción de la ONU para retirar la inmunidad al presidente Jimmy Morales, con el fin de que sea investigado por supuesto financiamiento ilícito en su campaña electoral en 2015.

Una parte de la población calificó estas decisiones como un “pacto de corruptos”.

El llamado al paro nacional es apoyado por diversas entidades campesinas e indígenas, el movimiento ciudadano contra la corrupción y la impunidad, Justicia Ya, y la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). El sector privado organizado no se ha pronunciado.

Gabriel Wer, miembro del movimiento Justicia Ya, aclara que se convoca al paro porque insisten en la resistencia como medida para liberar a Guatemala de los grupos de poder que lo han cooptado.

El vocero de la Corte de Constitucionalidad, Santiago Palomo, informó que aceptaron los recursos y se ordena al presidente Morales que garantice la libre emisión del pensamiento y de reunión pacífica.

Además, le ordena que preserven estrictamente el orden público, con el objeto de prevenir y evitar actos de provocación o de violencia, lo que comprende la protección y garantía de los derechos de todas las personas, incluidas aquellas que no participan en las actividades de protesta