Madrid, 20 sep (RHC) La Guardia Civil confiscó millones de papeletas para votar en el referendo independentista del 1 de octubre en Cataluña, convocado de forma unilateral por el gobierno de esa región española y suspendido por la justicia.

El Ministerio de Interior cifró en cerca de 10 millones el número de boletas requisadas por el instituto armado durante la inspección de una nave industrial en un municipio próximo a Barcelona, capital de la citada comunidad autónoma del noreste de este país europeo.

En días anteriores, el citado cuerpo policial decomisó más de 1,5 millones de carteles y 45 mil sobres para la constitución de las mesas electorales.

La incautación de material para la controvertida consulta, paralizada por el Tribunal Constitucional a petición del gobierno de Mariano Rajoy, tuvo lugar horas después que la Guardia Civil registró este miércoles varias dependencias de la Generalitat (ejecutivo catalán).

Como parte de esa macrooperación, las fuerzas de seguridad arrestaron a 14 funcionarios y técnicos de la Generalitat, una acción que, según afirmó el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, no impedirá la votación del 1 de octubre.

Mientras el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, pidió a las autoridades de Cataluña que renuncien a su pretensión de celebrar el 1 de octubre un referendo independentista para separarse de este país europeo.

En una declaración institucional, tras una serie de actuaciones judiciales y policiales destinadas a pulverizar el aparato logístico de la consulta, Rajoy reclamó a los líderes secesionistas que “regresen a la ley y a la democracia” y cesen su desafío.

A su juicio, el controvertido referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional de España, ya no se puede realizar, en obvia alusión a las acciones de este miércoles de la Guardia Civil, que arrestó a 14 funcionarios catalanes y confiscó millones de papeletas de votación.

“Saben que este referéndum ya no se puede celebrar. Nunca fue legal ni legítimo y ahora no es más que una quimera imposible”, insistió el mandatario durante una comparecencia desde el Palacio de La Moncloa, sede del poder central.

Tras precisar que ante cada ilegalidad y vulneración de la ley habrá una respuesta “firme, proporcionada y rigurosa”, advirtió a la Generalitat (ejecutivo catalán) que está a tiempo de evitar males mayores si renuncia a su “escalada de radicalidad y desobediencia”.

Lo que está en juego no es una demanda política, sino el propio fundamento de la democracia, enfatizó Rajoy, criticado precisamente por su inmovilismo y por judicializar la grave y prolongada crisis territorial en esa región de 7,5 millones de habitantes.

Aunque cerca del 70 por ciento de los ciudadanos de la citada comunidad autónoma quiere ir a las urnas para decidir su encaje dentro de España, el líder conservador opinó que el proyecto de escisión no cuenta con respaldo popular.

Lo calificó de un propósito sin futuro que no tiene cabida en el Estado de Derecho, carece de apoyo internacional y de amparo jurídico, pues la Constitución española prohíbe la convocatoria de una consulta de manera unilateral.

Rajoy expresó su “disposición a escuchar y a dialogar” para buscar una salida al conflicto, pero no mencionó ningún cambio concreto en las posiciones de su administración, que en seis años de mandato no respondió a las crecientes reivindicaciones de los catalanes.