Quito, 18 oct (RHC) El juez Miguel Jurado fue acusado por dictaminar el cambio de medida cautelar de arresto domiciliario a prisión preventiva para el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, vinculado al caso de corrupción Odebrecht.

Eduardo Franco, abogado defensor del segundo mandatario hizo la denuncia, con el argumento de que el juez no observó las normas ni actuó conforme a derecho, pues el cambio de medida solo es permitida cuando existe incumplimiento por parte del procesado.

Jurado aprobó un pedido del fiscal general Carlos Baca, de prisión preventiva para Glass, por riesgo de fuga, a pesar de que el vicepresidente cumplía con el anterior dictamen de arresto domiciliario y en reiteradas ocasiones aseguró no tener intenciones de abandonar el país.

Franco aseguró que Jurado no es el juez idóneo para garantizar un proceso penal justo e imparcial, por lo cual espera la designación de otro abogado para continuar el proceso contra Glas, quien insistió es inocente y debe salir en libertad.

Por su parte, el segundo mandatario insiste en que es víctima de un enjuiciamiento mediático y un plan organizado para sacarlo del cargo, pero reitera confianza en la justicia.

En tanto, el bloque legislativo del gubernamental Movimiento Alianza PAIS mantiene la actitud emitida en un comunicado del cuatro de octubre último, en el cual afirma que la justicia será la encargada de establecer la verdad en el caso bajo investigación.

Tras cinco meses de trabajo, el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción entregó hoy al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, un informe con recomendaciones de normas para frenar ese flagelo.

En un encuentro en el Palacio de Carondelet, el equipo, integrado por representantes de diversos sectores, presentó al mandatario un pliego con propuestas, que según afirmó uno de sus miembros, Xavier Zavala, buscan blindar un poco el sistema de gestión.

Las ideas van encaminadas a reforzar los sistemas de control a nivel nacional, en temas como la lucha contra la impunidad y administración pública, entre otros.

Eliminar el informe de Contraloría con indicios penales como documento habilitante para una instrucción fiscal por peculado o enriquecimiento ilícito, así como fortalecer la institucionalidad y articulación del ente con otras dependencias, forman parte de las propuestas.

Otra de las sugerencias indica pasar la Policía Judicial al control de la Fiscalía General de la República y que un fiscal tenga mayor capacidad para solicitar al juez competente medidas cautelares de tipo personal o real dentro de la investigación previa.

El Frente también destacó la necesidad de establecer una nueva forma de peculado en el Código Orgánico Integral Penal, relacionado con la de comisión por omisión, no cuando el servidor público abusa o distrae fondos públicos de manera directa, sino ante el hecho de permitir, dolosamente, que otro funcionario lo haga.

Asimismo, se manifestaron a favor de un sistema de registro y calificación de proveedores, articulado entre la Contraloría y el Servicio Nacional de Contratación Pública, a fin de prevenir empresas fantasmas.

Igualmente propusieron trabajar en la formación de valores en todos los niveles de educación, sector que consideran relevante en la lucha por eliminar la corrupción.

'El documento no es otra cosa que el fiel encargo que el presidente nos hizo en el mes de junio de hacer un diagnóstico de los temas de corrupción en el país y las posibles debilidades, y preparar un documento con recomendaciones ya sea de normativa legal o políticas públicas a efectos de blindar un poco el sistema de administración', precisó Xavala en declaraciones a la prensa.