Madrid, 29 oct (RHC) El destituido vicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras, desdeñó la decisión del gobierno de Mariano Rajoy de asumir las riendas de esa comunidad autónoma española, que el pasado viernes consumó una declaración unilateral de independencia.

En un artículo publicado este domingo en el diario catalán El Punt-Avui, el también líder del partido Esquerra Republicana de Cataluña rechazó la intervención de esa región nororiental por parte de la administración conservadora de Rajoy.

Junqueras subrayó que no pueden reconocer el golpe de Estado contra Cataluña, ni ninguna de las decisiones antidemocráticas que está adoptando el Partido Popular, en el poder en España, con control remoto desde Madrid.

El máximo dirigente del Partido Esquerra Republicana pidió a las fuerzas separatistas continuar adelante sin renunciar nunca a las urnas para validar la República, y preparando a la vez unos futuros comicios municipales.

El Gobierno español comenzó este sábado a asumir las funciones que hasta ayer ejercía el Gabinete regional catalán, al aplicar el decreto de medidas tras la declaración de independencia aprobada el viernes por el Parlamento autonómico.

Por su parte el ya expresidente catalán Carles Puigdemont, cesado como jefe del Gobierno regional, rechazó la agresión del Gabinete español y aseguró que son los Parlamentos son quienes nombran y cesan a los gobernantes y animó a sus seguidores a perseverar y seguir defendiendo las conquistas conseguidas.

Poco antes de la declaración del líder independentista fuentes de ese movimiento explicaron a la prensa que el Gabinete de Puigdemont no se da por destituido y tiene previsto mantener su actividad para desarrollar el encargo recogido en la resolución aprobada por el Parlamento autonómico.

Otro cese de funciones fue para el jefe operativo de los Mossos de Escuadra, que es la Policía regional catalana, Josep Lluís Trapero, que fue reemplazado por su segundo, Ferrán López.

Trapero está siendo investigado en la Audiencia Nacional española por el supuesto delito de sedición por la actuación de los Mossos durante el registro que funcionarios judiciales y agentes de la Guardia Civil llevaron a cabo el 20 de septiembre en la Consejería de Economía catalana.