Madrid, 11 ene (RHC) El gobierno español evalúa mecanismos para impedir la investidura a distancia de Carles Puigdemont como presidente catalán y declarará inconstitucional cualquier iniciativa para lograrlo.
En un documento de los servicios jurídicos del Estado, precisa que el nombramiento de Puigdemont violaría el reglamento del Parlamento regional y el Estatuto de Autonomía, los cuales exigen la presencia del candidato para asumir el puesto.
Puigdemont cesado de su mandato y establecido en Bélgica desde octubre aspira a dirigir nuevamente la Generalitat, pese a encontrarse en el exterior y en peligro de ser detenido una vez que regrese a territorio español.
No obstante, el gobierno de Mariano Rajoy recordó que las normas locales establecen que los diputados tienen el deber de asistir a los debates y votaciones del Pleno y de las Comisiones de las que son miembros, por lo cual se descarta una candidatura no presencial.
Mientras los dos principales partidos independentistas catalanes aseguraron su apoyo a la nueva investidura del expresidente de la región, Carles Puigdemont, quien permanece en Bélgica acusado de rebelión y sedición por la Justicia española.
El representante de Juntos por Cataluña (JuntsxCat), Jordi Xucla, dijo este miércoles a la cadena de radio y televisión española que su partido y el de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) apoyarán el regreso de Puigdemont al cargo.
Fuentes de ambas formaciones precisaron la falta de acuerdo sobre cómo realizar la investidura, para lo cual proponen la utilización de videoconferencia o que otro diputado lea su programa de gobierno.
Sin embargo, medios locales destacan que según el reglamento del parlamento catalán el candidato a presidente debe presentar ante el pleno su programa de gobierno.
El nuevo parlamento catalán tendrá su primera sesión el 17 de enero, primer paso para restablecer el gobierno local luego de que Madrid destituyera a la antigua administración regional por declarar la independencia.
El 1 de octubre de 2017 el Gobierno de Carles Puigdemont convocó a un referéndum, prohibido por el Tribunal Constitucional español, y el día 27 el Parlamento regional catalán declaró unilateralmente la independencia de esa comunidad autónoma.
Inmediatamente el Gobierno español activó el artículo 155 de la Constitución del país para restaurar la legalidad en esa región, cesó al Gobierno independentista catalán y convocó elecciones autonómicas para el 21 de diciembre, donde este bloque alcanzó la mayoría absoluta.
Varios líderes políticos catalanes fueron acusados de sedición y rebelión, entre ellos Carles Puigdemont, quien descartó volver a España hasta después de ser investido presidente.
