Brasilia, 26 ene (RHC) El abogado Patrick Mariano, de la Red Nacional de Abogados Populares (Renap) de Brasil, consideró que la condena de 12 años contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por supuesta corrupción pasiva y lavado de dinero es "exacerbada y desproporcionada, sin ninguna justificativa".
"Él es un reo primario, sin antecedentes, debería ser aplicada una pena mínima. Eso es una provocación a los requisitos legales", sostuvo.
Mariano cuestionó al juez de segunda instancia João Pedro Gebran Neto, quien fue el primero en intervenir y votó en contra de Lula y, además, sugirió que al expresidente se le aumentara la condena a 12 años y un mes de prisión.
"Él defendió al juez de primera instancia Sérgio Moro y la 'conducción coercitiva'. Eso fue rastrero y de una estupidez difícil de verse", señaló el jurista, al tiempo que acotó que la argumentación de Gebran no es racional, "está totalmente basada en subjetividades. Nada más allá de la subjetividad, sólo impresiones y opiniones. Actuó como el espectador de un partido de fútbol. Su voto fue una opinión".
La abogada de la organización Tierra de Derechos, Luciana Pivato, aseguró que la condena contra Lula es "una decisión política, sin pruebas, violadora de las garantías legales y de los derechos".
Ante esto, resaltó la necesitad urgente de un nuevo modelo del Poder Judicial de Brasil. "El resultado no llega a ser ninguna sorpresa. El sistema penal fue creado y va a seguir siendo selectivo y punitivo", afirmó.
Lula fue sentenciado por el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF-4), en Porto Alegre, conformado por los jueces Joao Pedro Gebran Neto, Leando Paulsen y Victor Luiz dos Santos Laus. Los tres votaron por aumentar la condena de 9 años y 6 meses a 12 años y un mes de prisión.
La defensa de Lula y la mayoría de los juristas descartan que el exprimer mandatario vaya a prisión de forma automática y esto solo ocurrirá después del análisis de todos los recursos.
La condena se basó en un supuesto apartamento en una playa de São Paulo que obtuvo el exmandatario coima de la constructora OAS para favorecer contratos millonarios con Petrobras. Sin embargo, esa propiedad nunca ha estado a nombre de Lula, sino de la constructora que compró el apartamento a la cooperativa Bancoop cuando esta se declaró en bancarrota.
Sin embargo la decisión del tribunal no afecta la campaña presidencial de Lula da Silva, quien a la fecha sigue liderando las encuestas para las elecciones de este año.
La decisión final sobre la candidatura de Lula da Silva está en manos del Tribunal Superior Electoral (TSE) ente que debe decidir sobre cada candidato y solo lo haría una vez que un aspirante a la presidencia se haya registrado.
En decenas de ciudades del país organizaciones sociales, sindicales, de trabajadores y movimientos populares se han movilizado para denunciar las maniobras de persecución política que sufre el líder de izquierda, y en defensa de su candidatura presidencial.
