Madrid, 9 may (RHC/PL) El Tribunal Constitucional (TC) de España suspendió una reforma legal del parlamento de Cataluña, pensada para permitir la investidura a distancia del expresidente secesionista Carles Puigdemont, actualmente en Alemania.

De esa manera, el TC admitió a trámite el recurso interpuesto horas antes por el gobierno de Mariano Rajoy contra la modificación de la Ley de Presidencia de la Generalitat (autogobierno catalán), aprobada el pasado viernes por la cámara de esa región del noreste del país.

Con la admisión del requerimiento, el alto tribunal cerró el último resquicio que tenían las fuerzas independentistas para forzar la candidatura de Puigdemont a la primera magistratura de la rica comunidad autónoma de 7,5 millones de habitantes.

Los artículos de la normativa impugnados quedan así suspendidos cautelarmente durante al menos cinco meses, mientras se resuelve el fondo de la cuestión.

La decisión judicial va acompañada de la advertencia al titular del parlamento regional, Roger Torrent, de que debe acatar la resolución o puede incurrir en desobediencia.

Los diputados de la coalición conservadora Junts per Catalunya (JxCat), del cesado gobernante, decidieron el sábado insistir en su postulación a la Generalitat antes del 14 de mayo, en virtud de los cambios refrendados por la asamblea legislativa autonómica.

El acuerdo fue alcanzado en una reunión que JxCat celebró con Puigdemont en Berlín, donde aguarda su posible extradición a Madrid, que lo acusa de rebelión y malversación por promover la declaración unilateral de independencia de Cataluña, en octubre de 2017.

La propuesta se fundamentó precisamente en la controvertida reforma realizada a la Ley de Presidencia, que favorecía una casi quimérica investidura telemática de Puigdemont.

Además del rechazo del Ejecutivo español, el Consejo de Garantías Estatutarias, órgano consultivo de la Generalitat, advirtió días atrás que el cambio promovido por el secesionismo era ilegal, aunque sus dictámenes no son vinculantes.

En ese contexto, la reforma legal fue interpretada como una última tentativa del independentismo de demostrar que su pretendiente es Puigdemont y la justicia y la administración de Rajoy imposibilitan su elección.

Tras ese gesto, los partidos soberanistas avanzarían en el camino para designar a un aspirante efectivo (sin causas judiciales abiertas) antes del 22 de mayo, fecha límite para formar gobierno y evitar una repetición electoral.

La postulación del defenestrado mandatario ya fue bloqueada en enero por el máximo organismo judicial de este país europeo, que determinó que no se podía llevar a cabo de manera telemática, es decir en ausencia del candidato.