Brasilia, 27 may (RHC) El paro de camioneros autónomos contra la política de combustibles del gobierno de Michel Temer completa este domingo una semana con bloqueos en al menos un punto en 24 Estados de Brasil, según estimados de fuerzas de seguridad.
Hasta la noche de este sábado en todo el país se mantenían activas 586 interrupciones de vías, la mayor parte de estas en Río Grande del Sur, Santa Catarina y Minas Gerais, precisó un informe de la Policía Vial Federal citado por los medios.
Según la empresa Infraero, que gestiona 54 terminales aéreas y es responsable por el 60 por ciento del movimiento aéreo en todo Brasil, este domingo amanecieron con falta de combustible 14 aeropuertos, lo cual limita las operaciones.
Un balance preliminar de los costos ocasionados por la medida de fuerza de los camioneros, que demandan la reducción de impuestos sobre el precio del diesel y que se supriman las alzas constantes establecidas por Petrobras, estima las pérdidas en cerca de dos mil ochocientos millones de dólares.
De acuerdo con el portal de noticias UOL, un 40 por ciento de la actividad de la industria de la construcción fue afectada de algún modo por la paralización lo cual causó perjuicios por unos dos mil 400 millones de reales (más de 650 millones de dólares).
También se reportan la muerte de unos 50 millones de aves por falta de alimentación; pérdidas superiores a los 600 millones de dólares en carne vacuna dejada de exportar, y el descarte de cerca de 95 millones de litros de leche producidos diariamente en todo el país.
La víspera, el gobierno anunció que serían aplicadas multas de 100 mil reales (más de 27 mil dólares) por hora parado a las empresas transportadoras que se mantengan en paro y dio a conocer además que 37 empresarios son investigados por la Policía Federal (PF), presuntamente por apoyar y aprovecharse del paro para obtener lucros.
Incluso ya existen pedidos de prisión que aguardan solo por la manifestación de la justicia, anticipó el titular de la Secretaría de Gobierno brasileño, Carlos Marun.
El jueves último, Temer responsabilizó a “una minoría radical” con el bloqueo de las carreteras y emitió un decreto de Garantía de la Ley y el Orden (GLO) con validez hasta el 4 de junio en todo el territorio nacional, autorizando así el empleo de fuerzas federales de seguridad para terminar con la protesta.
Refiriéndose a la decisión del presidente de acudir, una vez más, a efectivos militares para tratar de solucionar una situación crítica, el jefe del gabinete de Seguridad Institucional, Sergio Etchegoyen, dijo que el riesgo de desabastecimiento fue “el gatillo que disparó” la necesidad de pasar a una acción más enérgica.
Según el general Etchegoyen y el ministro-jefe de la Casa Civil, Eliseu Padilha, el objetivo del gobierno al accionar a las fuerzas armadas es proteger a la población y evitar a la ciudadanía “un sufrimiento mayor”.