Managua, 1 jun (RHC) La suspensión por tiempo indefinido del diálogo nacional en Nicaragua genera hoy incertidumbre en gran parte de la población, al considerarse que ese mecanismo es la única vía para la restablecer el orden y la paz en el país.

De manera unilateral, la Conferencia Episcopal, mediadora y testigo del proceso, decidió congelar las conversaciones por los recientes acontecimientos violentos, de los cuáles responsabiliza a partidarios del gobierno, pese a que el Ejecutivo ha rechazado de manera reiterada esas acusaciones, informa Prensa Latina.

Acorde con la jerarquía católica en la actualidad no hay condiciones para llamar nuevamente al diálogo entre el gobierno y sectores opositores, quienes apuestan por arreciar los tranques y bloqueos de carreteras e incrementar las presiones en contra del Ejecutivo.

El gobierno denunció la víspera que la actual situación de violencia delincuencial en el país es generada por grupos políticos de oposición con agendas específicas, lo cual constituye una conspiración que viola la Constitución.

En un comunicado dado a conocer por el canciller Denis Moncada, el gobierno de reconciliación y unidad nacional sostuvo que esos grupos pretenden seguir destruyendo la seguridad y la vida de las familias nicaragüenses.

Igualmente ratificó ante el pueblo nicaragüense y la comunidad internacional, que repudia y lucha junto a las familias para enfrentar con la razón y las leyes, esta ola criminal y delictiva que azota a la nación.

A su vez, rechazó todas las acusaciones de esos grupos, que en una provocación demencial y sin precedentes en el país, se confabulan para denunciar 'ataques' inexistentes, luego agredir y producir víctimas para culpabilizar a las instituciones del orden público.

También condenó todas las campañas difamatorias de esa conspiración que desde la intimidación, el miedo, las amenazas y el terror, ha pretendido entregar el país a la delincuencia y al crimen organizado.

El gobierno también denunció todos los crímenes que se han cometido desde el pasado 18 de abril y rechazó cualquier responsabilidad en esa violencia.

En ese sentido, afirmó de manera categórica que cumplirá con su deber de evitar más derramamiento de sangre, más enfrentamiento fratricida y montajes calumniosos, demostrando cada día de dónde proviene esta acción que busca entronizar el caos.

'El gobierno de reconciliación y unidad nacional mantendrá la denuncia permanente de esta abyecta criminalidad, y vuelve a rechazar categóricamente cualquier señalamiento acusatorio sin fundamento, ni sustento', puntualizó.

También aclaró que en Nicaragua no existen fuerzas de choque ni grupos paramilitares afines al Ejecutivo, por lo que no puede aceptar que se le pretenda acusar de acontecimientos dolorosos y trágicos que no ha provocado, ni -acotó- jamás hará.

El comunicado recoge que el presidente de la República, al rechazar contundentemente toda esta conspiración delincuencial, reafirma categóricamente a las familias que el único camino a la paz es el diálogo, el establecimiento de la verdad y la búsqueda de las soluciones demandas por el pueblo.

'Con todo respeto pedimos a las autoridades que coordinan el esfuerzo del diálogo nacional, llamar a la calma y al cese de toda violencia, a fin de continuar trabajando por la seguridad, la justicia y la paz', enfatizó.

El gobierno confirmó ayer la renuncia del presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, y afirmó estar pendiente de las decisiones que conforme a la ley corresponden adoptar a la Asamblea Nacional.

La presente decisión es apreciada por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), como una señal hacia la recomposición de la confianza y la armonía democrática en el país, señaló un comunicado conjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores y dicho organismo hemisférico.

El documento recordó que es de público conocimiento, en el marco de los trabajos en curso entre el gobierno y la OEA, que una de las áreas prioritarias es la de la reforma del sistema electoral y la de generar los mecanismos necesarios en este sentido.

Sobre este particular, la Secretaría General de la OEA y el gobierno han venido trabajando aspectos relativos a la configuración y composición del CSE, como soporte institucional fundamental para las garantías electorales y para elecciones libres, justas, democráticas y transparentes.

Desde el pasado 18 de abril Nicaragua vive sumergida en una espiral de violencia, que comenzó cuando protestas contra reformas del gobierno al seguro social, más tarde derogadas, derivaron en enfrentamientos y actos vandálicos.

En opinión de observadores, tales reformas sirvieron de pretexto para poner en marcha un plan orquestado desde el exterior con el objetivo de desestabilizar la nación y provocar el derrocamiento del gobierno presidido por Daniel Ortega.

(Prensa Latina)