Brasilia, 5 jun (RHC) La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva solicitó al Supremo Tribunal Federal (STF) y al Superior Tribunal de Justicia (STJ) que restablezca la libertad al ex presidente, preso político hace casi dos meses.
Sendos pedidos fueron presentados este martes ante esas instancias por los abogados Cristiano Zanin Martins y Valeska Teixeira Zanin Martins, con el fin de suspender los efectos de la sentencia proferida por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta región (TRF4), que condenó a Lula a 12 años y un mes de cárcel.
En la cautelar dirigida al STF se demuestra que la condena impuesta al ex dignatario afrontó varios artículos de la Constitución Federal, pues fue resultado de un juicio de excepción, en contraposición a la garantía de un juez natural, señala una nota difundida por los letrados.
La Justicia Federal de Curitiba fue escogida, por criterio de conveniencia, por los fiscales de Lava Jato para juzgar la acción penal propuesta contra Lula y para eso bastó la afirmación - sin ninguna comprobación real - de que recursos provenientes de la Petrobras habrían sido dirigidos al ex presidente, añade el texto.
En la solicitud remitida al STJ, abunda, la defensa prueba que las decisiones del TRF4 afrontaron numerosos artículos del Código Procesal Penal, pues la acción fue juzgada por un juez incompetente, según los criterios legales para la distribución del proceso, y los fiscales no actuaron con la necesaria imparcialidad, sino como enemigos del reo.
La nota de la defensa recuerda que el pasado 23 de abril presentó dos recursos - especial y extraordinario- ante el TRF4, los cuales todavía aguardan las respuestas que serán presentadas por el Ministerio Público Federal.
Delante de la perspectiva de reversión de la condena, o de la declaración de la nulidad de todo el proceso, no es posible mantener al ex presidente Lula privado de su libertad - por fuerza de una ejecución anticipada de la pena - antes que tales recursos sean juzgados por el STJ y por el STF, sostienen los abogados defensores.
La Justicia Federal de Curitiba fue escogida, por criterio de conveniencia, por los fiscales de Lava Jato para juzgar la acción penal propuesta contra Lula y para eso bastó la afirmación - sin ninguna comprobación real - de que recursos provenientes de la Petrobras habrían sido dirigidos al ex presidente, añade el texto.
En la solicitud remitida al STJ, abunda, la defensa prueba que las decisiones del TRF4 afrontaron numerosos artículos del Código Procesal Penal, pues la acción fue juzgada por un juez incompetente, según los criterios legales para la distribución del proceso, y los fiscales no actuaron con la necesaria imparcialidad, sino como enemigos del reo.
La nota de la defensa recuerda que el pasado 23 de abril presentó dos recursos - especial y extraordinario- ante el TRF4, los cuales todavía aguardan las respuestas que serán presentadas por el Ministerio Público Federal.
Delante de la perspectiva de reversión de la condena, o de la declaración de la nulidad de todo el proceso, no es posible mantener al ex presidente Lula privado de su libertad - por fuerza de una ejecución anticipada de la pena - antes que tales recursos sean juzgados por el STJ y por el STF, sostienen los abogados defensores.
