Lima, 7 jun (PL) Un nuevo escándalo originado en la suspensión de tres parlamentarios y una encuesta difundida hoy confirmaron el descrédito y el rechazo social al Congreso de la República y en especial a su mayoría neoliberal.

La suspensión, anoche, de los legisladores Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, disidentes del partido mayoritario Fuerza Popular (FP), sumió además a este en el aislamiento, pues el procedimiento fue rechazado inclusive por aliados que apoyan la medida.

El problema está en que, para garantizar la suspensión, FP impuso el acuerdo de que puedan votar miembros de la Comisión Permanente del Congreso que acusó a los legisladores de tráfico de influencias y cohecho; pese a que la Constitución establece que los 20 miembros de esa comisión no pueden sufragar.

Ante la imposición, las bancadas progresistas del Movimiento Nuevo Perú (MNP) y el Frente Amplio (FP), asi como la centroderechista de Peruanos por el Kambio, abandonaron la sesión, denunciando la violación de la carta magna.

Los discrepantes señalaron que, en el afán de reemplazar a los sancionados –acusados de ofrecer prebendas a un colega para que no votara, en marzo pasado, por la destitución del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski-, FP modificó, además, el número de votos necesario para aprobar el castigo.

Atribuyeron las irregularidades a la prisa de FP por recuperar, con reemplazantes fieles, a los tres suspendidos, la mayoría que impida que triunfe el proyecto de las demás fuerzas de reemplazar al partido fujimorista en la dirección del órgano legislativo.

“Felicitaciones Keiko, te entrego mi cabeza”, dijo Kenji Fujimori, sobre su hermana enconada rival política, Keiko, jefa de FP, mientras diversos medios de prensa calificaban de venganza de ella el desenlace de la pugna por la herencia política del anciano exgobernante Alberto Fujimori (1990-2000).

Mientras el vocero del MNP, Alberto Quintanilla, planteó solicitar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que no acredite a los reemplazantes, por la ilegalidad de las suspensiones, el abogado de Kenji Fujimori, Julio Rodríguez, anunció que presentará ante los tribunales u recurso de nulidad de la medida.

Quintanilla informó también que su partido y otras fuerzas presentarán una nueva moción de censura –la primera no fue aprobada ayer- del presidente del parlamento unicameral, Luis Galarreta, de FP.

La controversia precedió a los resultados de una encuesta de la empresa Datum, que verificó una fuerte caída de la aprobación de Galarreta, de 48 en mayo a 71 por ciento en junio, mientras los hermanos Keiko y Kenji registran una desaprobación de 73 y 79 por ciento, respectivamente.

De otro lado, continúa una campaña conservadora que intenta descalificar a la protesta masiva, principalmente de jóvenes, que el pasado martes demandó el cierre del parlamento por denuncias de gastos dispendiosos, nombramientos irregulares y sospechas de lavado de activos y otros problemas legales de varios de sus miembros.

Los ataques se enfocan en la quema de una patrulla policial que en redes de Internet es denunciada como provocación, pues un vídeo muestra como el vehículo se detiene en medio de la calle y el chofer y único ocupante lo abandona con tranquilidad, dejándolo a merced de exaltados que le prendieron fuego.

Durante la protesta fueron detenidos 15 jóvenes enviados ayer a la fiscalía, que los investiga por acusaciones policiales y cuyas familias proclamaron su inocencia.

Un congresista de FP, Carlos Tubino, al pronunciarse con vehemencia contra la protesta, acusó al nuevo cardenal Pedro Barreto, de ser “autor intelectual” de los disturbios, por haber declarado que el parlamento se había puesto a espaldas del país

La suspensión, anoche, de los legisladores Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, disidentes del partido mayoritario Fuerza Popular (FP), sumió además a este en el aislamiento, pues el procedimiento fue rechazado inclusive por aliados que apoyan la medida.

El problema está en que, para garantizar la suspensión, FP impuso el acuerdo de que puedan votar miembros de la Comisión Permanente del Congreso que acusó a los legisladores de tráfico de influencias y cohecho; pese a que la Constitución establece que los 20 miembros de esa comisión no pueden sufragar.

Ante la imposición, las bancadas progresistas del Movimiento Nuevo Perú (MNP) y el Frente Amplio (FP), asi como la centroderechista de Peruanos por el Kambio, abandonaron la sesión, denunciando la violación de la carta magna.

Los discrepantes señalaron que, en el afán de reemplazar a los sancionados –acusados de ofrecer prebendas a un colega para que no votara, en marzo pasado, por la destitución del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski-, FP modificó, además, el número de votos necesario para aprobar el castigo.

Atribuyeron las irregularidades a la prisa de FP por recuperar, con reemplazantes fieles, a los tres suspendidos, la mayoría que impida que triunfe el proyecto de las demás fuerzas de reemplazar al partido fujimorista en la dirección del órgano legislativo.

“Felicitaciones Keiko, te entrego mi cabeza”, dijo Kenji Fujimori, sobre su hermana enconada rival política, Keiko, jefa de FP, mientras diversos medios de prensa calificaban de venganza de ella el desenlace de la pugna por la herencia política del anciano exgobernante Alberto Fujimori (1990-2000).

Mientras el vocero del MNP, Alberto Quintanilla, planteó solicitar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que no acredite a los reemplazantes, por la ilegalidad de las suspensiones, el abogado de Kenji Fujimori, Julio Rodríguez, anunció que presentará ante los tribunales u recurso de nulidad de la medida.

Quintanilla informó también que su partido y otras fuerzas presentarán una nueva moción de censura –la primera no fue aprobada ayer- del presidente del parlamento unicameral, Luis Galarreta, de FP.

La controversia precedió a los resultados de una encuesta de la empresa Datum, que verificó una fuerte caída de la aprobación de Galarreta, de 48 en mayo a 71 por ciento en junio, mientras los hermanos Keiko y Kenji registran una desaprobación de 73 y 79 por ciento, respectivamente.

De otro lado, continúa una campaña conservadora que intenta descalificar a la protesta masiva, principalmente de jóvenes, que el pasado martes demandó el cierre del parlamento por denuncias de gastos dispendiosos, nombramientos irregulares y sospechas de lavado de activos y otros problemas legales de varios de sus miembros.

Los ataques se enfocan en la quema de una patrulla policial que en redes de Internet es denunciada como provocación, pues un vídeo muestra como el vehículo se detiene en medio de la calle y el chofer y único ocupante lo abandona con tranquilidad, dejándolo a merced de exaltados que le prendieron fuego.

Durante la protesta fueron detenidos 15 jóvenes enviados  a la fiscalía, que los investiga por acusaciones policiales y cuyas familias proclamaron su inocencia.

Un congresista de FP, Carlos Tubino, al pronunciarse con vehemencia contra la protesta, acusó al nuevo cardenal Pedro Barreto, de ser “autor intelectual” de los disturbios, por haber declarado que el parlamento se había puesto a espaldas del país.