Panamá, 14 jul (RHC) El presidente panameño, Juan Carlos Varela, suspendió la medida de incremento de la tarifa eléctrica, ante la crisis política y la rebelión popular de consecuencias inesperadas.
En una carta bajo su firma, difundida por la Secretaría de Comunicación, el primer mandatario aseguró que dio instrucciones al Ministerio de Economía y Finanzas para que el Ejecutivo asuma el gasto y reiteró la exhortación a la Asamblea Nacional para que apruebe una dispensa fiscal con esos fines.
Varela intentó nuevamente justificar el establecimiento de la medida de la ASEP porque así lo mandata la Ley 6 de 1967, ante la imposibilidad de la empresa estatal correspondiente de asumir los fondos y pasar los mismos a los consumidores a través del cobro del servicio eléctrico.
Una verdadera rebelión popular se desató en todo el país, con la Universidad de Panamá (UP) como bastión principal de las protestas, lo que generó violencia con el enfrentamiento entre antimotines y estudiantes, docentes y administrativos, que convirtió en un virtual campo de batalla la principal sede de la institución.
Acusaciones mutuas entre la Policía y los universitarios señalaron responsabilidad de actos violentos que dejaron heridos y afectaciones en ambos grupos, además de amenazas de acusaciones ante la Fiscalía con pruebas que cada parte dice tener.
Mientras, convocatorias de organizaciones sindicales, sociedad civil y gremios agropecuarios, tomaron las calles bajo exigencia de la derogación de la impopular medida, de cuya causa la propia ASEP responsabilizó a los atrasos de una línea de trasmisión por deficiencias administrativas del gobierno anterior.
Desde el anuncio de la medida el fin de semana anterior hasta ayer, la nación participó unida en la protesta respaldada por sectores empresariales que adelantaron los efectos no deseados del aumento eléctrico en los precios de mercancías y servicios, lo que generalizaría sus perjuicios a toda la sociedad.
Sectores más radicales como los universitarios, llamaron a una resistencia nacional frente a lo que consideraron injusta decisión que trasladó a la población la responsabilidad de funcionarios públicos, independiente de la administración en la cual sirvieron y para los cuales reclaman sanciones.(Fuente:PL)
