Brasilia, 23 ago (RHC) Abogados de la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva impugnaron la posibilidad de que el Estado brasileño esquive la determinación del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre su derecho a ser candidato presidencial.
Es 'impensable e incompatible con la buena' fe incumplir tal resolución, después que Brasil confirmara en 2009 el compromiso de respetar las decisiones de ese órgano internacional, valoraron los letrados Cristiano Zanin Martins y Valeska Teixeira Zanin Martins, refiere Prensa Latina.
En un artículo publicado la víspera en el periódico Brasil de Fato, los juristas dijeron no creer que Brasil 'vaya a dejarse contaminar por la antigua tentación de países que niegan protección a garantías fundamentales mediante la invocación de disposiciones del Derecho interno'.
Esperamos que las autoridades brasileñas y también los agentes no estatales envueltos de alguna forma en el asunto cumplan las decisiones de dicho Comité, porque una eventual responsabilidad internacional sobrevivirá a gobiernos, mandatos, nominaciones o concesiones, advirtieron.
Según los abogados, en el caso Lula 'buscamos superar la distancia entre la teoría y la vigencia real de los derechos humanos'.
El viernes último, ese órgano de la ONU estableció por medio de una medida liminar que Lula, preso político hace 139 días, debe tener garantizados sus derechos políticos, incluso los inherentes a su candidatura presidencial, 'hasta que todos los recursos pendientes de revisión contra su condena sean completados en un procedimiento justo'.
Tanto el ministro de Justicia Torquato Jardim, como el Ministerio de Relaciones Exteriores y el titular del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes asumieron públicamente posturas contrarias al mandato de la organización internacional.
En ese sentido, los abogados alertaron que 'otra voces', por lo general interesadas en impedir por algún motivo la candidatura presidencial de Lula, intentan convertir la decisión y la obligatoriedad de su cumplimiento por el país en mera 'recomendación' o en una situación de menor relevancia jurídica.
Nada más descabellado, subrayaron antes de reiterar que en 2009, de forma soberana y jurídicamente válida, Brasil reconoció la jurisdicción del Comité de Derechos Humanos de la ONU al aprobar el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional sobre Derechos Civilesye Políticos por medio del Decreto Legislativo 311/2009.
'Vale decir, aquello que era facultativo - la aprobación del protocolo y de la jurisdicción del comité - se tornó obligatorio y vinculante a partir de la edición de ese acto normativo', remarcaron.
Además de la existencia de ese decreto, acotaron, Brasil fue notificado sobre el caso de Lula y desde entonces presentó tres manifestaciones ante ese órgano, en ninguna de las cuales el país recusó la jurisdicción del comité para analizar las violaciones cometidas contra Lula o el carácter vinculante de las decisiones proferidas por aquella instancia.
(Prensa Latina)
