Buenos Aires, 28 ago (RHC) La expresidenta y senadora argentina Cristina Fernández denunció la violación de derechos y garantías sin límites durante el registro de una de las tres viviendas de su propiedad allanadas la semana última.
“Me acabo de enterar que entre los objetos que mandó a secuestrar Bonadío de mi casa de El Calafate estaban las bandas y bastones presidenciales de Néstor y míos. La violación de los derechos y garantías sin límite”, apuntó en un mensaje en la red social twitter que acompaña con la etiqueta #ArgentinaSinEstadodeDerecho.
Fernández se refiere así al registro que se realizó en su casa en esa localidad patagónica de la provincia de Santa Cruz por orden del juez Claudio Bonadío, en medio de la investigación por el presunto pago de sobornos a la obra pública en la gestión de su esposo, el expresidente Néstor Kirchner, y la suya (2003-2015).
La víspera, en un comunicado, su abogado Carlos Beraldi había denunciado también varias irregularidades en el allanamiento a esa propiedad y en el apartamento de Cristina en el barrio porteño de Recoleta.
El letrado resaltó que en medio de los registros se le impidió controlar, como abogado defensor y única persona que se encontraba en el domicilio, el allanamiento en el inmueble de la calle Uruguay.
En el comunicado, Beraldi había apuntado que el registro en El Calafate fue extendido en el tiempo de manera ilegal y deliberada con el inequívoco propósito de seguir generando estrépito y material para las tapas de diario del fin de semana.
“Se filtró a la prensa, como es costumbre, datos absolutamente falsos: en ninguno de los domicilios hay bóvedas ni documentos u objetos que puedan tener una procedencia ilícita”, señaló en referencia a lo que difundieron algunos medios de prensa sobre lo encontrado en el lugar.
En la denuncia subrayó que las cosas que el juez Bonadío ordenó secuestrar, no solo no guardan relación con el objeto de la causa, sino que además, son efectos que integran el ajuar del hogar, cuya incautación no tiene otro propósito que generar daño y humillación.
“Como muestra de la persecución política de la que mi defendida es objeto, se apoderaron de documentación que guarda relación directa con el cargo de senadora que le fuera conferido por el voto popular de millones de argentinos en la provincia de Buenos Aires”, remarcó.