Santiago, 3 oct (RHC) En un fallo calificado histórico, la justicia chilena restituyó 97 hectáreas de tierras a una comunidad indígena de la provincia de Arauco que el consorcio empresarial Grupo Angelini aseguraba eran de su propiedad.

La sentencia de primera instancia fue dictada por Carmen Seguel, magistrada del Juzgado Civil de la ciudad de Cañete, en la provincia de Arauco, quien en una inédita resolución reconoce un título de merced de 1904.

El tribunal de Cañete fustigó en duros términos la conducta de Bosques Arauco, del Grupo Angelini, por haber intentado de mala fe acreditarse la propiedad del terreno. La magistrada Carmen Seguel también invocó la Ley Indígena y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para ordenar la devolución de las 97 hectáreas de tierras. Aunque es una resolución en primera instancia, y probablemente la apelen los abogados del consorcio empresarial, el fallo acoge en todas sus partes la demanda, por lo que condena en costas a Bosques Arauco y por ello deberá pagar los gastos de la comunidad en el proceso judicial.

Igualmente en el umbral del 30 aniversario del plebiscito que decretó el fin de su dictadura, la jueza chilena Carolina Ramírez acogió una solicitud para congelar bienes multimillonarios de Augusto Pinochet.

Ramírez, del séptimo juzgado civil de Santiago de Chile, dio curso a la petición del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de congelar bienes mal habidos a su familia por un monto aproximado de 16,24 millones de dólares.

Según fuentes consultadas en torno al caso, propiedades y otros valores legados por Pinochet, que detentó el poder en el país austral de 1973 a 1990 tras un sangriento golpe de Estado, la magistrada dio validez a la demanda del CDE presentada hace una semana.

El CDE espera de esta forma mantener inmovilizados bienes y depósitos bancarios no incluidos en un fallo del pasado 24 de agosto de la Corte Suprema, que en un dictamen de menor amplitud ordenó el decomiso de bienes por 1,62 millones de dólares.

A partir del fallo, quedan directamente afectados 16 herederos del dictador, que dejó a Chile con tres mil 200 asesinatos, unos mil 300 detenidos-desaparecidos y más de 33 mil personas torturadas.

Las personas a quienes impacta la medida son su viuda, Lucía Hiriart, quien está involucrada en un caso de malversación millonaria de fondos y uso con fines de lucro de bienes del Estado cuando dirigía la Fundación Cema-Chile.

Asimismo, sus hijos, Augusto, Lucía, Jacqueline, María Verónica y Marco Antonio, a 12 nietos y cinco bisnietos.

Según la argumentación del CDE, el congelamiento de bienes debería abarcar todo el patrimonio de Pinochet en virtud del argumento de la Corte Suprema de que sus herederos 'son adquirentes de mala fe y no podían menos que conocer el origen delictivo de tales bienes”.

Ante los resquemores de que esos activos mal habidos puedan utilizarse de cualquier forma, la jueza prohibió la celebración de contratos y otros sobre 23 propiedades situadas en las regiones Metropolitana de Santiago, Valparaíso, Tarapacá (norte) y Los Ríos (sur).

Fincas, parcelas, apartamentos, bodegas y vehículos figuran entre los bienes impedidos de movimientos o transacciones por la familia Pinochet en lo adelante.

Además, el tribunal congeló tres cuentas bancarias en el Banco de Chile, otra en BancoEstado y tres cuentas del Banco Itaú.

El expediente se inscribe dentro del caso Riggs investigado en 2004, a partir del descubrimiento de cuentas secretas en el Riggs Bank, de Estados Unidos, y otras entidades financieras por el dictador.

Se cree que Pinochet amasó una fortuna superior a los 21,3 millones de dólares sin justificación contable y al morir en 2006 seguía procesado por fraude al fisco y falsificación de pasaportes y desaforado.