Ciudad México, 31 oct (RHC) La Caravana de emigrantes que recorre el territorio de México decidió permanecer en la ciudad de Juchitán de Zaragoza, del estado de Oaxaca, con el deseo de conversar con las autoridades de ese gobierno.

Espera la muchedumbre conseguir, lo más pronto posible, transporte seguro y digno que pueda trasladar a todos los ciudadanos centroamericanos.

Medios locales afirman que muchas personas prefieren retornar a sus lugares de origen o acogerse a la solicitud de refugio de las autoridades mexicanas.

Sin embargo, el grueso de los emigrantes se mantiene en su propósito de llegar a la frontera con Estados Unidos.

El Gobierno de México no ve como criminales a los miles de centroamericanos que llegan al país en largas caravanas para intentar ingresar a Estados Unidos, reiteró el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete.

En declaraciones a la prensa al finalizar un encuentro sobre derecho a la identidad y garantías de inclusión en México, el alto funcionario insistió en que la administración del presidente Enrique Peña Nieto mantiene su plan hacia esas personas de ofrecer visa y empleo dentro del programa México es tu casa.

Consideró que para su Gobierno es sustantiva la preservación de los derechos humanos de los migrantes, en particular porque marchan hacia un destino donde es notoria la xenofobia y la discriminación y van a ser rechazados. La única condición que les plantea México, expresó, es que ingresen en paz al país.

También insistió en que quienes opten por el programa oficial ofrecido deben regularizar su situación migratoria, e informó que hasta este momentos dos mil 200 personas optan por el programa México es tu casa.

Otras 700, dijo, han preferido regresar a sus lugares de origen mediante un programa de repatriación con la asistencia del Instituto de Migración.

Compartió el criterio de algunos analistas que consideran que no se trata de una simple caravana de migrantes centroamericanos, sino de un verdadero éxodo de ciudadanos que huyen de las malas condiciones de vida, de la violencia y de otros males que son el verdadero origen de la crisis y que el Gobierno mexicano trata con sus pares de Honduras, Guatemala y El Salvador.

Según los últimos datos recabados por la Secretaría de Gobernación, expresó, hay en estos momentos tres mil personas en una caravana que alcanza los 30 kilómetros de largo, no porque la fila sea compacta, sino por las condiciones en que están realizando la marcha.

Pero aclaró que hay cifras que ubican la totalidad de los caravanistas hasta en ocho mil, y explicó que las autoridades migratorias mexicanas procesan a unos seis mil centroamericanos en sus dependencias cuyos trámites son por diversas situaciones.

Indicó que el Gobierno dispone de 80 millones de pesos (unos 450 mil dólares) en ayuda inmediata más asistencia en salud y humanitaria en general.

Informó que hay rumores de que se está organizando una tercera caravana, pero de salvadoreños, aunque no hizo una confirmación definitiva, y fue muy explícito al asegurar que la crisis migratoria centroamericana no pone en peligro alguno la soberanía nacional mexicana.

No sabemos, concluyó, cuál es el destino final de los migrantes, pero insistimos en que México no los deportará, los protegerá, les brindará refugio y les dará visas de trabajo si las solicitan, y al propio tiempo advirtió que no les será fácil llegar a Estados Unidos porque el Gobierno de ese país militariza las fronteras comunes.

Mientras el Departamento estadounidense de Defensa notificó a unos siete mil militares activos la posibilidad de ser desplazados a la frontera sur para evitar la entrada de migrantes.

La publicación castrense Star and Stripes (Estrellas y Barras en español) divulgó que el Comando Norte confirmó este miércoles que se podrían agregar más tropas a los 5239 soldados destinados inicialmente a la línea divisoria con México.

Casi 40 unidades fueron convocadas para el movimiento y en la relación están incluidos ingenieros de combate, aviadores de la Tercera División de Infantería, miembros de fuertes de Texas, Carolina del Norte y Kansas, y personal médico y de logística, amplió la fuente.

Hace dos días atrás, el Pentágono anunció de manera oficial que ejecutaría el desplazamiento al área limítrofe como parte de una operación denominada Patriota Fiel.

Tal iniciativa fue descrita por el jefe del Comando Norte, Terrence O'Shaughnessy, como 'un esfuerzo para ayudar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza a endurecer las defensas en los puntos legales de acceso y los sitios cercanos'.

De acuerdo con el uniformado, el nuevo movimiento de tropas, cuya cantidad divulgada no será la máxima definitiva, posibilitará abordar las brechas en áreas del sur de Texas, Arizona y California.

Para fines de esta semana, desplegaremos a más de cinco mil soldados en la frontera suroeste, eso es solo el comienzo de la operación, afirmó O'Shaughnessy en conferencia de prensa.

Como parte de este contexto, informaciones periodísticas expusieron que los militares tendrán limitadas sus acciones por una ley federal.

Tal norma, apuntaron, impide al Ejército realizar labores policiales en territorio norteamericano, por lo cual los uniformados no podrán participar directamente en operaciones contra las caravanas de personas de Centroamérica que buscan llegar a Estados Unidos.

Así, el papel de las fuerzas castrenses será similar al asumido por casi dos mil efectivos de la Guardia Nacional enviados a dicho límite en abril último.

Brindar apoyo aéreo para misiones fronterizas, instalar barreras de concreto, y reparar y dar mantenimiento a vehículos constituyen algunas de las tareas permitidas a los militares.

R. Gil Kerlikowske, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de marzo de 2014 a enero de 2017, señaló que el Ejército no puede detener a los solicitantes de asilo que se presenten en los cruces de la línea divisoria en busca de protección.

Veo el despliegue de tropas como una maniobra política y un desperdicio, tanto de los recursos militares, como del dinero de los contribuyentes, opinó.

A juicio de Kerlikowske, constituye un gran error utilizar a militares en activo y asignarlos a dichas labores.

También consideró que la medida no es más que una complacencia del presidente Donald Trump de cara a las elecciones de medio término del 6 de noviembre.