Caracas, 5 abr (RHC) El Gobierno de Venezuela inició un nuevo mecanismo de protección para el Sistema Eléctrico Nacional, dirigido a atender emergencias y avanzar en su reestructuración y consolidación.

La víspera, el vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol, notificó que el Ejecutivo construyó un plan de seguridad integral con vistas a trabajar en el mejoramiento de los servicios básicos.

Reverol explicó que por instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, la metodología define como líneas de trabajo la atención de la emergencia energética tras los sabotajes perpetrados en marzo contra los procesos de generación y transmisión, con afectaciones a gran parte del territorio nacional y a la distribución de agua potable.
     
Maduro denunció nuevamente la guerra no convencional que enfrenta la nación suramericana, dirigida por factores de la derecha con apoyo de Estados Unidos.
     
Durante una reunión de trabajo este jueves con autoridades del gobierno, explicó Maduro que se trata de una guerra de la ultraderecha contra los servicios públicos para hacer ingobernable a un país y llegar al poder a través del caos.

Por su parte, organizaciones civiles presentaron una moción ante un tribunal federal de Estados Unidos para lograr la imposición de una orden judicial que detenga la construcción del muro fronterizo impulsado por Donald Trump.

Los grupos calificaron de inconstitucional, la declaración de emergencia nacional del primer mandatario, por no recibir el respaldo para financiar el muro, y advirtieron que usar los fondos reservados para otros fines podría causar daños irreparables al país.

Argumentan los activistas que la orden judicial evitaría el intento del Gobierno de usurpar los poderes y reafirman que ni la declaración de emergencia ni los estatutos invocados para utilizar los fondos permiten al presidente ignorar la legislación de apropiaciones promulgada por el Congreso.
       
Las organizaciones sociales advierten además que un muro fronterizo dañaría a las comunidades que viven en la frontera, y pondría en peligro la vida silvestre que habita la zona, ocasionando un impacto ambiental devastador