Luxemburgo, 26 abr (RHC) Alrededor de 20 000 menores inmigrantes sin acompañantes solicitaron asilo en la Unión Europea en el 2018, en su mayoría procedentes de Afganistán, Eritrea, Pakistán y Siria.

La Oficina regional de Estadística informó que 86 por ciento eran hombres y tenían 16 y 17 años y procedían de nacionalidades guineana e iraquí.

Los gobiernos de Alemania e Italia fueron los países que más pidieron protección internacional, seguidos por Gran Bretaña.
          
Organizaciones humanitarias denunciaron que miles de niños y jóvenes inmigrantes por viajar solos desaparecen del radar de las autoridades y quedan expuestos a la explotación por parte de las mafias.

Mientras el juez federal estadounidense Dana Sabraw determinó un plazo de seis meses para que el gobierno del presidente Donald Trump identifique a los niños migrantes separados de sus familiares en la frontera sur.

Hace una semana, el magistrado, de San Diego, California, evitó la imposición de un período definido con vistas a lograr ese objetivo, el cual exigieron defensores de derechos humanos.

Los abogados de la administración solicitaron dos años para identificar a los menores, víctimas de la referida condición desde el 1 de julio de 2017 hasta el 25 de junio de 2018.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, podría tomar hasta 24 meses la revisión de los casi 47 mil casos que involucran a pequeños sin compañía de un adulto puestos en custodia del gobierno federal.

Ante la presión de diversas voces y con el fin de frenar la división familiar, Trump firmó el último 20 de junio una orden ejecutiva, pero quedaron fuera de la disposición quienes habían sufrido la rechazada práctica.

Menos de una semana después, Sabraw ordenó a la administración que procediera de inmediato con la reunificación familiar, pero los plazos al respecto se cumplieron sin lograr el propósito de manera total.

Este jueves, el juez escuchó en una audiencia el testimonio de Jonathan White, funcionario del Departamento de Salud que encabezó los esfuerzos que reunieron a 2759 (de 2814) menores de edad con sus allegados, a partir del primer mandato de Sabraw.

Creo que esto puede hacerse basándose en la información dada aquí, opinó el magistrado, mientras que White comentó que el estimado de concluir la identificación al cabo de dos años era en base al peor escenario, según reportes de prensa.

Por otra parte, el funcionario informó que se contratará a un equipo a tiempo completo para apoyar el proceso, y cuya instrucción será “hacer la contabilidad más precisa dentro del menor tiempo humanamente posible”.

En tanto, Lee Gelernt, abogado de la demandante Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, se mostró satisfecho con la orden de Sabraw, pues, a su juicio, hasta dos años “hubiera sido una tragedia”.

A pesar de la gran tarea que supone encontrar a las familias separadas, se hallarán a cientos, o quizás miles, de niños que podrían beneficiarse de este mandato judicial, subrayó el letrado a reporteros.

Las partes relacionadas con el proceso deberán informar a la corte sobre sus resultados cada tres semanas, solicitó Sabraw, quien de esa forma pretende asegurar agilidad y una evaluación, en caso de presentarse algún problema, más temprano que tarde.