Buenos Aires, 16 may (RHC) Cientos de personas con problemas de discapacidad, algunas en silla de ruedas, protagonizaron una protesta frente a la Quinta de Olivos, residencia presidencial argentina, para demandar atención sobre la crítica situación en este sector.

“Basta señor presidente. No podemos mendigar más por nuestros derechos”, se escuchó en las inmediaciones del lugar, hasta donde llegaron colectivos como la Comisión Arquidiocesana Para las Personas Con Discapacidad, la Obra Don Orione, la Asociación de Ayuda al Ciego y la Asociación de Instituciones Educativas Privados Especiales Argentinos.

En las puertas del lugar donde reside Mauricio Macri, los manifestantes denunciaron que 'varios servicios han tenido que cerrar y otros están en situación crítica' además de los problemas que se registran por el recorte de pensiones y los aumentos de los aranceles de emergencia.

Los presentes, entre los que se encontraban niños en sillas de rueda y débiles visuales, acompañados por familiares, alertaron que el Programa Federal Incluir Salud -dependiente de la Agencia Nacional de Discapacidad- adeuda a algunas instituciones pagos atrasados de 2017, 2018 y 2019.

El programa está destinado a personas que no cuenten con asistencia de servicios de salud, como obras sociales, y atiende unas 30 mil personas.

Con arengas, cazuelas en manos y el repicar de tambores, los presentes dijeron no al ajuste económico, no al cierre de los hogares para los discapacitados, mientras instalaron en las inmediaciones de la Quinta una gran silla de ruedas inflable.

Igualmente, el comité por la libertad de la dirigente social argentina Milagro Sala denunció que la nueva condena de cuatro años de prisión contra la dirigente, evidencia las irregularidades en los procesos judiciales, que avanzan sin tregua.

La líder de la agrupación Tupac Amaru fue detenida en enero de 2016 bajo la presunta incitación a la violencia y tumulto por encabezar una protesta en la provincia de Jujuy contra los cambios impuestos por el gobernador Gerardo Morales en el sistema y programa de cooperativas y desde entonces le han abierto múltiples causas.

La víspera fue condenada a cuatro años de prisión en la causa conocida como “Luca Arias” por lesiones graves calificadas por el concurso premeditado de dos o más personas, aunque la defensa de Sala adelantó que apelará la medida.

“La ausencia del Estado de Derecho, la persecución política y la avanzada judicial son los elementos clave que caracterizan la provincia de Jujuy que gobierna Morales. Habrá que esperar que el poder político deje de inmiscuirse en el judicial para saber si algún día habrá justicia”, señaló en la red social de Facebook el Comité.

Por su parte la abogada defensora, Elizabeth Gómez Alcorta, resaltó en Twitter: “una causa de hace 13 años, prescripta, desarchivada delictivamente, declarada nula la prescripción e imputada y condenada sin pruebas no nos hace bajar los brazos, sino conocer la profundidad del odio que nos tienen y el tamaño de nuestra dignidad”.

El tribunal compuesto por Ana Pérez Rojas, Mario Puig y Claudia Sadir sentenció a Sala en base a una causa sobre una serie de hechos que tuvieron lugar en el Ministerio de Infraestructura de la Provincia entre miembros de organizaciones sociales.

Desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala aseguraron que 'los responsables de esta condena son verdaderos verdugos, herederos directos del terrorismo de estado, ejercido hoy por otros medios. No existen reglas, ni normas de fondo, ni procedimientos válidos de los que valerse ante quienes hoy detentan la suma del poder público'.

De acuerdo con el portal Nuestras Voces, Sala llegó al nuevo juicio oral en el que fue condenada porque el tribunal rechazó a todos los testigos que presentó: los 10 declarantes fueron aportados por la fiscalía, subraya ese medio.

La también diputada del Parlasur fue encarcelada en enero de 2016 y durante los meses siguientes le abrieron otras causas como la supuesta irregularidad de administración de fondos destinados a construcción de viviendas, o como autora de los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión.

Asimismo, se le imputó en otro expediente como coautora de homicidio agravado por precio o promesa remuneratoria.

Tras varios pedidos, finalmente, por intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y mandato de la Corte Suprema de Justicia, el 15 de diciembre de 2017 fue trasladada a una vivienda para continuar con el cumplimiento de la disposición judicial.

Durante estos ya más de tres años de prisión ha sufrido recaídas en su salud e incluso atentó contra su vida tras afirmar que es víctima de una persecución política y judicial.