Lima, 21 may (RHC) Campesinos peruanos reiniciaron una protesta en Lima en contra la transnacional minera MMG con una multitudinaria marcha de vecinos en demanda de agua potable.

Dirigentes de la comunidad de Fuerabamba confirmaron que desde esta madrugada bloquean el camino de acceso a la mina de cobre Las Bambas, la segunda mayor del país, a la que semanas atrás mantuvieron bloqueada y sin poder sacar su producción durante más de dos meses.

Explicaron telefónicamente que la medida extrema fue tomadaante la negativa de Minerals and Metals Group (MMG) a compensar el uso de las tierras comunales para el paso de los camiones de la empresa y dar el número de empleos requerido por los pobladores, entre otros puntos.

La posición empresarial determinó anoche la ruptura las negociaciones, abierta por un acuerdo de distensión de los comuneros con el gobierno y la empresa, que el 6 de abril pasado determinó, con la mediación de la iglesia católica, la suspensión del bloqueo iniciado en febrero.

El presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, precisó que su pueblo exige que MMG pague los salarios correspondientes con retroactividad a 2014, cuando la empresa firmó un acuerdo para emplear a comuneros, sin haber cumplido.

Entretanto, viecinos de Huarochirí, Chosica, Huachipa, Cajamarquilla y otros vecindarios del este de Lima realizaron una marcha pasiva en demanda de que la empresa estatal de agua potable de Lima (Sedapal) cumpla el compromiso de dotarlos del servicio de agua potable.

La empresa aseguró que el servicio estará en funciones en agosto próximo y que ha abierto un dialogo con los reclamantes, de lo que desconfían agrupaciones vecinales que organizaron la movilización, debido, según dijeron, a que lo mismo ha sido ofrecido varias veces.

Los manifestantes, entre ellos mujeres y niños, bloquearon la importante avenida Ramiro Prialé y fueron dispersados con gases lacrimógenos por la policía, a la que acusaron de cometer excesos.

La bancada parlamentaria del progresista Frente Amplio denunció que la policía “criminaliza la manifestación y reprime una marcha pacífica” en la que había niños, por lo que llamó “al derecho a la protesta y al irrestricto cuidado de la vida”.

Por otra parte, las protestas de organizaciones vecinales de las zonas populosas norte y sur de Lima continuaron hoy en el muy poblado municipio de Villa El Salvador, contra los abusos de los concesionarios de los peajes en las rutas principales.

Esas manifestaciones exigen la anulación de los peajes de tarifas y número desmedidos, que atraviesan esas áreas y cuyos concesionarios, empresas extranjeras, no habilitan o bloquean vías alternativas gratuitas.

Los peajes son cuestionados porque sus condiciones onerosas fueron pactadas con empresas brasileñas a cambio de aportes electorales y eventualmente sobornos, por contratos firmados por los exalcaldes Luis Castañeda y Susana Grados, ésta última sometida a prisión preventiva desde la semana pasada.

Por su parte, la Confederación General de Trabajadores (CGTP) alista para el 20 de junio un paro nacional cívico y popular –es decir con participación de civiles y diversas organizaciones de la sociedad-, contra la política laboral del gobierno y por otras reivindicaciones.