Bogotá, 21 jun (RHC) El dirigente de la FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Jesús Santrich, afirmó en Colombia ante los sectores detractores del Acuerdo de Paz que lo vituperan que no es un mafioso, sino un revolucionario, un perseguido político por sus ideas.
Santrich, hizo uso del derecho de réplica en la Cámara de Representantes, donde exponentes del gobernante partido Centro Democrático e incluso legisladores de la Alianza Verde se retiraron del recinto legislativo el primer día que el excomandante guerrillero hizo presencia como congresista.
El integrante de la FARC, exigió respeto a la seguridad jurídica consagrada en el Acuerdo de Paz y exhorto a cerrar filas por el Estado Social de Derecho y por la división de poderes en la nación sudamericana.
Igualmente, aseveró que los autores intelectuales y materiales deben decirle la verdad al país y responder ante la instituciones pertinentes por el montaje en su contra y por la mentira propalada sobre su presunta participación en cargos de narcotráfico, de lo que nunca se ha podido presentar prueba alguna.
Por su parte, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia solicitó protección para los militares que ofrecieron declaraciones en ese tribunal sobre los falsos positivos (muertes de civiles registradas como caídas de guerrilleros en combate).
Así lo ordenó la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP con el fin de proteger la vida de los uniformados que han acudido a dar sus versiones dentro del expediente No. 003 que hace referencia a las ejecuciones extrajudiciales en Colombia.
La decisión de la justicia transicional responde a la divulgación en los medios de prensa de las confesiones de altos oficiales comparecientes acerca de atrocidades cometidas por el Ejército colombiano en vínculo con grupos paramilitares.
El 9 de junio último trascendió a la opinión pública, a través del noticiero Noticias Uno de Colombia, la narración ante la JEP del coronel Gabriel de Jesús Rincón, quien señaló que órdenes superiores lo llevaron a provocar el asesinato de civiles para satisfacer a su comandante, el general Mario Montoya.
El video de la versión de Rincón da cuenta que entre 2007 y 2008 su brigada reportó 90 muertos en combate y de esas bajas 39 fueron ejecuciones extrajudiciales.
Hasta la fecha la JEP recibió la versión de 300 militares colombianos presuntamente involucrados en casos de falsos positivos.
Se estima que más de cinco mil inocentes han muerto en Colombia víctimas de ejecuciones extrajudiciales.