Lima, 19 jul (RHC) La Conferencia Episcopal católica de Perú advirtió a las empresas del país a que sean cautelosos para aplicar medidas en  contra de la vida digna de las poblaciones, al pronunciarse sobre dos conflictos sociales vigentes.

“La lógica de la rentabilidad no puede oponerse a su responsabilidad para con la vida digna de las poblaciones de influencia directa o indirecta de sus proyectos y el medio ambiente”, afirmó en un comunicado la máxima instancia católica del país.

El texto llama a una salida pacífica a la huelga general de la provincia sureña de Islay contra el proyecto minero Tía María, por sus implicancias ambientales negativas, y a la protesta de nativos amazónicos por el daño de los derrames de petróleo en el oleoducto nor peruano.

Plantea el intercambio honesto y transparente de posiciones y la responsabilidad de los actores para salidas pacíficas a esos y otros conflictos.

Advierte que las empresas tienen la responsabilidad de buscar el crecimiento económico sostenible en armonía con la equidad social, especialmente con comunidades originarias y el cuidado del medio ambiente.

Deben además -añade- absolver cualquier tipo de dudas y temores en torno a sus actividades extractivas, y colaborar en el establecimiento de canales de diálogo, con transparencia y honestidad, alusión al hasta ahora no logrado diálogo en el conflicto de Tía María.

Los obispos llamaron también a los gobiernos regionales y locales a tener vocación al diálogo y les recuerda que deben tutelar el ambiente de sus comunidades y trabajar arduamente por el mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos.

Recomienda al Gobierno nacional promover el desarrollo integral, institucionalizar las mesas de diálogo sobre los problemas sociales y velar por el cumplimiento de todos los acuerdos logrados, garantizando la compatibilidad de la actividad empresarial con la sostenibilidad social y ambiental.

Según los obispos, ello requiere crear mecanismos de vigilancia y supervisión con participación del mismo Estado y las comunidades afectadas.

“La construcción de confianza está estrechamente vinculada a la verdad, a la fiabilidad mutua y al rol que cumpla un Estado neutral y garante de derechos”, añade en aparente alusión a la poca credibilidad de las empresas extractivas y al sesgo proempresarial de los gobiernos.