Bogotá, 26 sep (RHC) Más de 500 organizaciones sociales y no gubernamentales subrayaron que el gobierno colombiano es en general regresivo en términos de derechos sociales, económicos y de garantías para líderes y defensores.

Así lo exponen en un material en que el realizan lo que denominan un balance en términos de derechos humanos del primer año de gestión del presidente Iván Duque, donde aseguran que 'hasta el momento este gobierno finge la paz, reinventa la guerra'.

El balance denominado El Aprendiz del Embrujo, cuenta con alrededor de 60 autores institucionales y personales, investigadores, dirigentes sociales y defensores de derechos humanos, escritores, periodistas, caricaturistas y fotógrafos, detalló la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos.

Según la publicación, el gobierno de Duque tiene un doble discurso pues 'por un lado asegura que está cumpliendo el Acuerdo de Paz (firmado en 2016 por el Estado y la exguerrilla FARC-EP), y por el otro, intenta imponer una agenda diferente de reforma rural integral, sustitución de cultivos y atención de víctimas'.

Para las plataformas de derechos humanos, 'lo que realmente está pasando es un proceso de desfinanciación de los compromisos adquiridos, no apoyar ningún desarrollo legislativo fruto del Acuerdo, presentar propuestas contrarias a lo acordado, así como desnaturalizar el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición'.

A juicio de Camilo Castellanos, uno de los voceros de esas plataformas, hay también 'un olvido total de las obligaciones legales: no fue posible realizar la reforma política, la reforma rural integral sigue pendiente, y aunque no tuvieron éxito en la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz, no cesan en el empeño de desvirtuarla'.

Según estas organizaciones, en lo que va del gobierno de Duque (poco más de un año), no solo se negó la existencia del conflicto armado, sino que se impulsaron acciones directas para reinstalar la guerra en las regiones.

Prueba de esto es la Política de Seguridad y Defensa Para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad que está orientada a generar medidas de militarización intensa y facultades a la fuerza pública en todo el territorio nacional, que en gran parte reproduce el modelo de la Seguridad Democrática implementado entre los años 2002-2010, opinaron.

Para Alberto Yepes, otro de los voceros, prueba de la reconfiguración de la guerra las da el Ministerio de Defensa al reconocer que en el periodo de diciembre de 2018 a mayo de 2019 aumentaron los combates de 101 a 227, es decir un 124 por ciento más que en igual periodo del año anterior.

Al mismo tiempo, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha alertado sobre la grave crisis humanitaria en algunas regiones y la expansión de cinco nuevos tipos de conflicto armado en Colombia. Como consecuencia hoy tenemos un aumento del desplazamiento forzado en cada vez más regiones, precisó.

El balance realizado expone 'cuatro factores que alimentan el clima de falta de garantías para la defensa de los derechos humanos'.

En tal sentido, señaló la estigmatización de los liderazgos sociales, la falta de reconocimiento de la sistematicidad de los crímenes en su contra, la impunidad histórica que los rodea, y la ausencia de una política pública de garantías que enfrente estos factores y subsane las debilidades de los programas existentes.  (Fuente:PL)