Brasilia, 23 oct (RHC) Movimientos sociales y organizaciones políticas de Brasil se mantienen atentos ante los resultados de un nuevo juicio en el Tribunal Supremo Federal en segunda instancia para determinar la legalidad del encarcelamiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, lo cual lo pudiera beneficiarlo con su libertad.

Recordemos que Lula da Silva recibió prisión por un supuesto caso de corrupción, algo que contradice el artículo 57 de la Constitución brasileña, que estipula que una persona bajo investigación judicial que no represente daño o riesgo alguno para la sociedad, puede gozar de libertad provisional domiciliaria mientras se comprueban los delitos por lo que ha sido inculpada.

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva se mantiene tras las rejas injustamente desde abril del 2018, cumpliendo una sentencia de 8 años y 10 meses de prisión por un aparente lavado de dinero y de corrupción pasiva en el caso de un apartamento en la ciudad Guarujá, en el estado de Sao Paulo, en el marco del operativo anticorrupción Lava Jato.
En 2016, la Corte autorizó la ejecución de la pena antes de que se agotaran todas las apelaciones, impidiendo así que Lula se presentara representando al Partido de los Trabajadores en las elecciones presidenciales de su país, en las cuales lo daban como favorito frente al ultraderechista Jair Bolsonaro.

Sin embargo, el Colegio de Abogados de Brasil y los Partidos: Comunista y Patriota, presentaron demandas de inconstitucionalidad, argumentando que la presunción de inocencia impide la ejecución de una sentencia mientras todavía haya apelaciones en tribunales superiores, es decir, ante el Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal Supremo.
Una información de la televisora Telesur informa que no se descarta que alguno de los jueces pida aplazamiento sin fecha del juicio como ha ocurrido en otras ocasiones o que decidan, por ejemplo, que esa medida pudiera beneficiar a los que han sido condenados ya en tercera instancia aunque todavía tenga recursos pendientes, como es el caso del expresidente.   

Por su parte, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que el Supremo Tribunal Federal (STF), que analiza la legalidad del encarcelamiento de los presos en segunda instancia, decidirá si cumple o no la Constitución de Brasil.

“Estoy muy tranquilo y sé lo que quiero. Sé lo que me hicieron y el intento de mantener viva la mentira”, dijo el exdirigente obrero durante una entrevista con el portal Brasil de Fato en la sede de la Policía Federal en Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, donde cumple prisión política desde abril de 2018.

El fundador del Partido de los Trabajadores aseguró que su “lucha no es para segunda o tercera instancia. Mi lucha es: Quiero que se juzguen los méritos de mi caso”.

Insistió en que “si encuentran un milímetro de pruebas del crimen que cometí, tengo que ser arrestado. Pero si no lo hacen, arresten a la persona que ordenó mi arresto y libérenme”, remarcó.

Tres ministros del STF votaron este miércoles a favor del inicio de la pena de prisión de los acusados condenados en segunda instancia, incluso antes de la llamada sentencia definitiva e inapelable (en cuyo momento se agotan todas las posibilidades de apelación). Un juez votó en contra.

El juicio se suspendió y se reanudará mañana. Faltan los votos de los otros siete ministros.

Durante la votación, el juez Marco Aurélio Mello dijo que observará el pronunciamiento de la corte, aunque sea contrario a su posición, porque será vinculante (se aplicará a todos los casos en el tribunal). Pero argumentó que 'la culpa surge después de lograr una mayor preclusión'.