Quito, 20 nov (RHC) La Corte de Justicia de Pichincha se abarrotó de personas que apoya a la prefecta, Paola Pabón, durante la apelación a la prisión preventiva que cumple hace 38 días por participar en las protestas contra medidas neoliberales.

Con globos blancos, pancartas y consignas, decenas de personas se apostaron en las afueras de la instalación, mientras en su interior tiene lugar la audiencia para revisar el pedido de cambio de medida cautelar contra la gobernadora; el secretario ejecutivo del Movimiento Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández, y Christian González, quien trabaja en la Prefectura de Pichincha junto a Pabón.

Los tres son investigados por el supuesto delito de rebelión durante las 11 jornadas de protesta, desarrolladas en casi todo el territorio nacional contra medidas económicas dispuestas por el gobierno nacional, que para muchos responden a compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional.

Mientras esperan el final de la audiencia frente a la Corte, aumentan los pedidos de libertad para los apresados.

Según indicaron miembros del ejecutivo, Pabón, Hernández y González intentaron subvertir al pueblo.

De su lado, los procesados niegan haber cometido el delito del cual se les acusa y en su lugar sostienen que son víctimas de persecución política por ser defensores de la llamada Década Ganada, vivida durante los dos períodos de gestión del expresidente Rafael Correa, y por mostrar desacuerdo con decisiones tomadas por el jefe de Estado, Lenín Moreno, y su gabinete.

La diligencia tiene lugar días después de que un tribunal negara a los tres investigados el recurso de habeas corpus presentado a su favor.

Durante una comparecencia reciente ante la Asamblea Nacional, Pabón aseguró que con el proceso, solo buscan despojarla de la prefectura de Pichincha, ganada con el voto popular en las pasadas elecciones.

Mientras, Virgilio Hernández recalca que es rebelde, pero no ha cometido delito de rebelión.

A juicio de Pabón, los persiguen por ser correístas, pues para nada han podido demostrar la acusación de rebelión.

El equipo legal de la prefecta coincide en que no existen suficientes elementos para mantenerla en régimen de prisión preventiva.

'La Fiscalía camina y solo encuentra simples mensajes de texto y Twitter (...) el delito de rebelión implica un grupo armados y no hay ni grupo armado, ni armas', advirtió más temprano el abogado defensor de Pabón, Ramiro Aguilar.

Asimismo, rechazó la posibilidad de que Pabón o sus compañeros financiaran las manifestaciones ocurridas de octubre pasado contra el llamado paquetazo.