La Paz, 20 nov (RHC) Las masivas movilizaciones en contra del golpe de estado y la instalación de un gobierno de facto, continúan en Bolivia exigiendo la renuncia de la autoproclamada presidenta Jeanine Añez.

Instituciones educativas del municipio Villa Tunari tomaron la carretera para sumarse a las seis federaciones del Trópico de Cochabamba (centro) y otras organizaciones a nivel nacional que denuncian el golpe de Estado y ratifican la solidaridad con el líder Evo Morales.

A la zona de Senkata, en la ciudad de El Alto llegaron campesinos del norte del departamento de Potosí, quienes entre aplausos y gritos enarbolan las consignas, “El pueblo unido jamás será vencido” y “Evo hermano”.

En esta propia localidad, un grupo de ciudadanos velaron en la capilla 25 de Julio a seis personas que murieron este martes, tras la operación policial-militar en la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, ubicada en esa zona.

La Defensoría del Pueblo confirmó, por su parte, las seis muertes y anunció que un equipo encabezado por su máxima autoridad, Nadia Cruz, partió hasta Senkata para certificar la identidad de las personas.

Mientras en las calles continúan las protestas, el Senado aprobó por unanimidad la propuesta de estudiar el proyecto de la Ley Excepcional y Transitoria que convoca a elecciones generales.

La presidenta del Senado Eva Copa manifestó que el proyecto busca reducir plazos, ver temas de requisitos, a fin de acortar el tiempo de convocatoria de los comicios.

Eva Copa, representante del Movimiento Al Socialismo, resaltó que la iniciativa se debatirá en la comisión de Constitución y que la Asamblea Legislativa (parlamento) no cesará hasta canalizar las nuevas elecciones.

Las versiones sobre un número mayor de muertos por la represión policial de la víspera en Bolivia se multiplican, mientras el ministro de Defensa del gobierno de legalidad cuestionada agregó insultos racistas a la matanza.

Entretanto, en México, el presidente exiliado Evo Morales pidió a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a “denunciar y frenar esta masacre de hermanos indígenas que piden en las calles paz, democracia y respeto a la vida”.

Mientras centros asistenciales reportaron cuatro muertos en la toma policial y militar de la planta de distribución de combustibles de la vecina ciudad de El Alto, medios de prensa locales hablan de seis muertos, cifra compartida en México por Morales, quien señaló que el total de víctimas suma ya una treintena desde su renuncia, hace 10 días.

Además, el periodista argentino Fernando Ortega dijo anoche en un mensaje de Twitter que hubo 10 muertos y que él había visto morir a cuatro, en tanto los disparos continuaban.

Ortega denunció que estaba refugiado junto a un colega mexicano en la casa de una familia solidaria de El Alto que le había alertado que policías vestidos de civil los buscaban.

El incidente se suma a amenazas y agresiones contra comunicadores que no informan al gusto de quienes ocupan el poder de facto.

Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Fernando López, sostuvo que el Ejército no disparó ayer en El Alto, llamó “terroristas” y “horda” a los manifestantes indígenas de El Alto.

Luego se disculpó del segundo epíteto, pero sostuvo que quienes protestan son “lo peor de la sociedad”.

Entretanto, cultivadores de coca del departamento central de Cochabamba, sector del que surgió como líder popular Morales, acordaron anoche insistir en marchar a la ciudad del mismo nombre, pese a la muerte de nueve de ellos en la represión policial a un primer intento el pasado viernes y a la represión que esta semana les impidió ingresar a esa urbe.

Pese a la represión, se mantiene la protesta que bloquea 83 puntos de carreteras en siete de los nueve departamentos de Bolivia y cerca al menos a cinco ciudades, que sufren desabastecimiento.

Miembros del gobierno insiste en acusar a Morales de promover las protestas, lo que el líder indígena rechazó en conferencia de prensa en México, al saludar las movilizaciones populares pacíficas.

A partir de esas acusaciones, un fiscal aceptó -bajo amenazas- el pedido de un parlamentario derechista de abrir proceso al presidente exiliado y varios dirigentes del MAS por terrorismo y otros delitos.

Mientras tanto, la autoproclamada presidenta, Jeanine Áñez, anunció que mañana convocará nuevas elecciones generales por decreto, pese a la demanda nacional e internacional de que la misma sea concertada en el Parlamento, que tiene esa atribución.

El anuncio lo hizo pese a que el Movimiento al Socialismo (MAS), de Morales, que tiene mayoría absoluta en las cámaras de Diputados y Senadores, ha ratificado su decisión de contribuir a la pacificación viabilizando lo nuevos comicios.

Para ello, el MAS concertó con la minoría legislativa derechista tratar mañana un proyecto de convocatoria ya elaborado y otro para designar nuevos jueces electorales.

La mayoría masista había convocado para ayer martes a una sesión para tratar esos y otros temas, pero aceptó la exigencia de sus opositores de reunirse mañana.

Áñez fue designada tras la renuncia, el 10 de noviembre del presidente Evo Morales, por una reunión del Congreso sin el quorum reglamentario porque los grupos violentos impedían el acceso de los legisladores del MAS al palacio legislativo.

El senador del Movimiento al Socialismo (MAS) Efraín Chambi presentó hoy el Proyecto de Ley Excepcional y Transitoria para la realización de Elecciones Nacionales y Subnacionales, en medio de la crisis política que vive Bolivia.

Dicha iniciativa presentada esta mañana, en la 204 sesión ordinaria del Senado, debe ser remitida a la Comisión de Constitución para su tratamiento.

De acuerdo con la presidenta del Senado, Eva Copa, las tres fuerzas políticas de ese ente, coinciden en el objetivo de lograr la pacificación de Bolivia, sumida hoy en una de las más graves crisis políticas de su historia.

El pasado 20 de octubre tuvieron lugar las elecciones en esta nación andino-amazónica, y lo que parecía una fiesta cívica desembocó en un golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales.

La asonada se concretó el 10 de noviembre cuando el líder del Estado Plurinacional, obligado por militares y policías renunció a su cargo y aceptó asilo en México.