Naciones Unidas, 21 nov (RHC) La Segunda Comisión de la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución titulada Medidas económicas unilaterales como medio de ejercer presión política y económica sobre los países en desarrollo.
Este texto, presentado por Palestina en nombre del Grupo de los 77 más China, fue aprobado con 116 votos a favor, 52 abstenciones, y solo dos países en contra (Estados Unidos e Israel).
Durante el proceso de adopción de la resolución este jueves, varias delegaciones realizaron declaraciones en rechazo a la imposición de las medidas económicas coercitivas unilaterales, y destacaron sus efectos extraterritoriales.
También señalaron el impacto negativo de esas medidas para la implementación de la Agenda 2030 y el desarrollo económico y social de los países y pueblos afectados, reiterando la urgente necesidad de su inmediata eliminación.
El texto adoptado establece que ningún país puede aplicar o fomentar el uso de medidas unilaterales económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado, a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos.
Asimismo, exhorta a la comunidad internacional a que condene y rechace la imposición de tales medidas y solicita se adopten acciones urgentes y eficaces para impedir su aplicación.
La resolución manifiesta, además, que la imposición de medidas coercitivas unilaterales perjudica en particular a las economías de los países en desarrollo.
Tales acciones tienen un efecto general desfavorable en la cooperación económica internacional y en los esfuerzos desplegados en todo el mundo por establecer un sistema comercial multilateral no discriminatorio y abierto.
El documento reconoce también que las medidas económicas coercitivas unilaterales constituyen una flagrante violación de los principios del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas.
Por su parte, la representación de Cuba en ONU rechazó la conducta agresiva y unilateral de unos pocos países que con pretensiones hegemónicas imponen medidas coercitivas unilaterales con la finalidad de ejercer coerción política y económica.
De esta forma, añadió, atentan contra la soberanía y la igualdad soberana de los Estados, y causan dificultades económicas y políticas en los países contra los cuales se aplican esas medidas, incompatibles con el derecho internacional y la Carta de la ONU.
Desde su trigésimo octavo período de sesiones, la Asamblea General ha examinado este proyecto de resolución presentado tradicionalmente por el Grupo de los 77.
Esta es la vigésimo primera ocasión en que la Segunda Comisión considera este tema en su agenda.
