Santiago de Chile, 5 dic (RHC) La Mesa de Unidad Social, que encabeza el vasto movimiento popular en Chile, criticó iniciativas legislativas del gobierno en materia de seguridad por pretender reprimir las manifestaciones sociales.
La víspera, la Cámara de diputados aprobó por amplia mayoría un proyecto de ley antisaqueos que a juicio de la Mesa criminaliza la protesta social.
En un comunicado la mesa de Unidad Social señala que esa iniciativa penaliza con cárcel los paros laborales en actividades que interrumpan servicios públicos, el derecho a la autodefensa frente a la represión policial, la interrupción del tránsito, las tomas de terreno, de edificios y toda formas de reivindicación territorial.
El texto recuerda que el proyecto fue aprobado en general con 127 votos a favor, siete en contra y 13 abstenciones, principalmente de los partidos Comunes y Comunista, y advierte que “los partidos de oposición y en particular el parlamento siguen sin entender la magnitud de la crisis y sin hacerse cargo del estallido y la demanda social”.
Considera incomprensible que aunque el movimiento social les ha pedido rechazar la agenda legislativa y los proyectos de un gobierno con menos de 10 por ciento de aprobación, continúen votando y aprobando sus proyectos, en este caso los que tienden a criminalizar la protesta y la organización social.
Unidad Social, que agrupa a más de 200 organizaciones consideró que la aprobación de este proyecto es una continuación de la declaración de guerra que hiciera el presidente Sebastián Piñera y dijo defender el “derecho a la protesta, a la desobediencia civil, y tal como establecen convenciones internacionales, nuestro derecho a la Huelga”.
El comunicado convoca a rechazar la agenda represiva y a frenar su tramitación propiciada por el gobierno, la derecha y parte de la oposición, y llama a seguir movilizados y a impulsar la iniciativa popular de Asamblea Constituyente Soberana, Paritaria y Plurinacional y la Agenda Social de Transformaciones Urgentes.
El residente de la Cámara de diputados de Chile, Iván Flores, llamó al gobierno a realizar cambios estructurales profundos para responder con efectividad a lo que hoy reclama la sociedad.
Flores, de la Democracia Cristiana, en declaraciones recogidas por El Mostrador opinó que los anuncios del ejecutivo en los últimos días no van hacia la solución de los problemas de fondo y pudieron haberse hecho mucho antes, para evitar la crisis de las pymes y el debilitamiento de la economía.
Explicó, por ejemplo, que el anuncio del presidente Sebastián Piñera de entregar un bono equivalente a unos 124 dólares, alivia en algo, pero resulta más importante definir un punto de partida con fechas precisas para avanzar en reformas estructurales en el país.
Medidas como esa solo tratan de paliar el desastre que ha producido la sordera de La Moneda, que sigue cometiendo el mismo error porque no se da cuenta de que con esos anuncios no se detiene la movilización social, puntualizó Flores.
El jefe de la Cámara, quien se reunió con representantes de la Mesa de Unidad Social y economistas que estudian otras propuestas paralelas a las presentadas por el gobierno, subrayó que 'no habrá tranquilidad si no se le pone coto a las mega utilidades de algunos y a la economía del abuso”.
Al respecto señaló la necesidad de hacer cambios profundos en los sistemas de pensiones, en los seguros de salud, en el costo de los medicamentos y en una reforma tributaria que suba los impuestos a los más ricos del país.
Consideró que nunca se ha abordado por el gobierno un cambio de la estructura tributaria, y mientras eso no se logre no se podrán generar los recursos que se necesitan para atender las necesidades sociales de forma permanente.
Asimismo advirtió que 'si desde el Gobierno se está apostando al desgaste creo que se equivocan rotundamente. Este estallido llegó para quedarse y con razón. No es posible que llevemos casi 50 días sin claridad sobre los cambios estructurales”.
Abundó que ni siquiera los partidos oficialistas han sido capaces de ponerse de acuerdo en algo tan urgente como es el proceso constituyente y todavía tras más de dos semanas de haber sido firmado el acuerdo por una nueva constitución no existe certeza si habrá cuotas o no para los pueblos indígenas en el órgano constituyente.
Flores se sumó así a las numerosas que reclaman cambios de fondo y advierten que la llamada agenda social, a la cual el gobierno y medios de prensa adjudican importantes avances está lejos de atender las demandas de los manifestantes que ya cumplen casi siete semanas en las calles.