Santiago de Chile, 21 ene (RHC) La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) llamó a nuevas manifestaciones del alumnado en contra de las Pruebas de Selección Universitaria (PSU).
En conferencia de prensa el portavoz de la organización, Víctor Chanfreau, llamó al estudiantado, tanto los que rendirán ese examen como los que no lo harán, a expresar su solidaridad y rechazo a esa evaluación que muchos critican por ser expresión de la inequidad que caracteriza el sistema educacional en Chile.
Asimismo reclamó la solidaridad del alumnado universitario para que presione a los rectores de sus respectivos centros porque -consideró- estos se convirtieron en cómplices de la persecución que enfrentan numerosos estudiantes que sabotearon la realización de la PSU a principios de enero.
Chanfreau recordó que el modelo educativo que presenta profundas diferencias entre la enseñanza privada y la pública es cuestionado por amplios sectores estudiantiles y sociales y debe ser cambiado para que quienes ingresen a los niveles superiores lo hagan en igualdad de condiciones.
Asimismo consideró vergonzoso que el cuerpo de Carabineros haya sido dispuesto para cuidar las instalaciones donde está prevista para el 27 y 28 de enero la realización de la segunda convocatoria de la PSU tras el fracaso de la primera.
Al respecto consideró un contrasentido que los mismos estudiantes que han sido golpeados, torturados o mutilados hagan la prueba en paz con Carabineros resguardando que no hayan manifestaciones.
Tanto Chanfreau, como la también dirigenta de la ACES Ayelén Salgado, aparecen entre las 86 personas que las autoridades educacionales prohibieron la realización de las pruebas la próxima semana, por supuestamente infringir los derechos y deberes de los postulante para el Proceso de Admisión 2020.
Ello por haber participado en manifestaciones que en distintos centros buscaron impedir la realización de esos exámenes.
Esa medida fue rechazada por sectores sociales y estudiantiles e incluso la Defensoría de la Niñez presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso a favor de un numeroso grupo de los excluidos.
Al respecto se alegó que la decisión de las autoridades educativas constituye un acto arbitrario e ilegal que atenta contra garantías establecidas en la Constitución.(Fuente:PL)