Quito, 27 abr (RHC) La Corte Nacional de Justicia de Ecuador notificó por escrito la sentencia contra el expresidente de esa nación, Rafael Correa, a ocho años de prisión y la pérdida de derechos de participación política por 25 años por el delito de cohecho agravado en la financiación ilegal actividades proselitistas de su partido Alianza País.
La audiencia donde se dio a conocer verbalmente el fallo judicial del caso denominado sobornos 2012-2016 se realizó el pasado 7 de abril.
Correa y su entonces vicepresidente Jorge Glas fueron declarados autores mediatos del delito de cohecho.
El Tribunal determinó que Correa y Glas conocían de los "aportes indebidos" realizados por empresarios privados a las campañas de su partido político, Alianza País, entre los años 2012 y 2016.
Estableció que durante el juicio se comprobó que los pagos realizados eran reportados al nivel jerárquico superior, es decir a Rafael Correa y Jorge Glas.
Tras 10 años en el poder, Correa entregó la presidencia de Ecuador el 24 de mayo de 2017 a su sucesor Lenín Moreno; poco después se trasladó a Bélgica, donde reside actualmente.
Glas, en cambio, ya cumple una sentencia de seis años de cárcel, dictada en diciembre de 2017, por el caso Odebrecht dentro de la trama de pagos de la constructora brasileña al gobierno ecuatoriano para obtener contratos.
La sentencia escrita del caso sobornos 2012-2016 tiene 412 páginas, en las que se detallan las pruebas en contra de los 20 condenados.
Entre los condenados figuran exfuncionarios del gobierno de Correa y empresarios, quienes deberán pagar una indemnización de 14,7 millones de dólares al Estado.
Además, el Tribunal ordenó el comiso de los bienes de todos los sentenciados, que ofrezcan disculpas públicas en la plaza de la Independencia (centro histórico de Quito) y seguir un curso de 300 horas de ética laica.
Asimismo, deberán colocar una placa en el palacio de Gobierno con la frase: "Los recursos públicos deben ser siempre administrados honradamente, el servicio público no es otra cosa que un servicio a la comunidad, con sujeción a los principios de ética".
A partir de la notificación escrita, los sentenciados tendrían tres días para presentar recursos de apelación a la sentencia, pero al momento los plazos y términos judiciales están suspendidos por la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.
Fuente: Sputnik
