La Paz, 15 may (RHC) La ministra de Comunicación del Gobierno de facto en Bolivia, Isabel Fernández, informó la derogación de la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo N° 4.231, y otras anteriores que fueron duramente criticadas y cuestionadas por "criminalizar la libertad de expresión".
El Ejecutivo que asumió el poder mediante el golpe de Estado perpetrado contra Evo Morales, dejó sin efecto artículos de los Decretos Supremos que resultaron aprobados en el marco de la emergencia nacional por el coronavirus y que, al mismo tiempo, vulneraban el derecho a la libertad de prensa.
La legislación derogada sancionaba por la vía penal la difusión de la información "escrita, impresa y/o artística" que genere "incertidumbre en la población", lo que otorgaba un carácter tremendamente subjetivo y arbitrario a la disposición.
La oficina en Bolivia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otras coincidieron en criticar esa normativa, reporta Telesur.
El ministro de Gobierno Arturo Murillo señaló que tras analizar las exigencias de gremios de periodistas, instituciones, sindicatos, Defensor del Pueblo, parlamentarios y organismos internacionales, el gabinete de la presidenta de facto, Jeanine Áñez, optó por respetar y defender "la libertad, así como defendemos y respetamos la democracia".
(Telesur)
