Montevideo, 8 jul (RHC) El Senado de Uruguay aprobó por mayoría la ley de Urgente Consideración que acelera el proceso de privatización y disminuye las garantías sociales alcanzadas durante el gobierno del Frente Amplio.
El proyecto del oficialismo recibió el voto de 18 de los 30 senadores, aunque durante los meses de debate el texto sufrió más de 40 cambios que, según el Gobierno del Partido Nacional, no modifican su esencia.
Para el opositor Frente Amplio, que gobernó 15 años el país, se trata de una avanzada conservadora, antipopular, represiva y regresiva.
La (LUC) consta de una serie de 475 normativas y cambios referidos a la flexibilización de la acción policial, la regulación del derecho de huelga, la privatización de empresas públicas, la creación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la implementación de una Agencia Reguladora de Compras Estatales, entre otras disposiciones.
Uno de los núcleos de la nueva ley tiene que ver con el otorgamiento de mayores facultades a las Fuerzas de Seguridad. Mediante cambios en el código penal, se establece la extensión del área de legítima defensa, tanto para los civiles que se vieran amenazados como también para policías o militares.
Por otra parte, declara ilegítimos los piquetes que afecten la libre circulación, y restringe las medidas de huelga, que deberán ejercerse "de forma pacífica, sin perturbar el orden público y asegurando la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de la dirección a ingresar en los locales de la empresa".
Uno de los puntos más polémicos de la ley es que establece un aumento de pena para menores de edad imputables (entre los 15 y los 18 años), que cometan delitos. El máximo pasará de 5 a 10 años.
Sobre este punto, entidades de derechos humanos se han pronunciado en contra, entre ellas la organización Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI-Uruguay), que consideró las medidas como "claramente violatorias de los compromisos asumidos por el Estado uruguayo al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño".
Asimismo, sindicatos y grupos políticos opositores a Lacalle Pou y sus aliados de centro derecha han realizado, a lo largo del debate por la ley, diversas manifestaciones en contra.
Desde la cuenta oficial del Frente Amplio, cuyos 12 senadores votaron en rechazo de la normativa, expresaron su disconformidad con la aprobación: "Retrocedimos en derechos y libertades, legislando a favor de los más privilegiados. ¡La historia los juzgará! Desde el FA seguiremos luchando para no retroceder en los derechos conquistados", señalaron desde la cuenta de Twitter.
Fuente: Rusia Today
