Nueva York, 22 jul (RHC) Un grupo de relatores y expertos de derechos humanos independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunciaron que las sanciones económicas impuestas por el Gobierno de Estados Unidos a Venezuela ponen en riesgo a los pacientes con cáncer.

El comunicado del grupo de expertos alude a la aplicación estricta de las sanciones a la empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), lo cual incide en cientos de pacientes de cáncer en estado crítico, cuya única esperanza para recibir tratamiento ha sido viajar al extranjero.

"La vida de los pacientes venezolanos que se han sometido a trasplantes y se encuentran varados en países extranjeros está amenazada, al igual que la de aquellos que esperan viajar para someterse a operaciones sin las cuales no sobrevivirían", asevera el comunicado.

Dicha situación se origina luego de que Washington negara el control de la empresa estadounidense Citgo Petroleum Corporation al Gobierno venezolano, entidad que a través de la Fundación Simón Bolívar, gestionaba el programa de atención a pacientes con cáncer de manera benéfica.

"Ante tan severas restricciones bancos y empresas privadas de terceros países, temerosos de violar involuntariamente dichas sanciones,  modificaron sus posturas y obraron con cautela en sus operaciones con Venezuela", agrega el texto. Situación que al decir de los expertos, conoce la administración estadounidense, así como otras naciones y entidades que acogen las ilegales medidas.

Como consecuencia, existe la imposibilidad de transferir dinero fuera de Venezuela y algunos pacientes han quedado varados en condiciones desfavorables en  países a los que acudieron para atenderse.

Datos aportados por los expertos añaden que aproximadamente 190 pacientes con cáncer están en lista de espera para recibir tratamiento en el exterior. Mientras tanto, al menos 14 niños, tres de ellos bebés, murieron entre 2017 y 2020, esperando un tratamiento en el marco del programa.

"Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y hacer valer los derechos humanos de toda persona afectada por una acción internacional directa, incluso de aquellas que están fuera de su jurisdicción o control efectivo, sin importar cuál era su intención original", sentencia el comunicado.

(Telesur)