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La Paz, 1 nov (RHC) Transportistas del departamento de Santa Cruz, este de Bolivia, descartaron este lunes sumarse al paro convocado por diversos sectores del país el 8 de noviembre, para exigir la derogación por el Gobierno de la Ley 1386.
“Para nosotros (la medida de fuerza) ya está fuera de lugar”, declaró a una televisora local Bizmar Daza, responsable del transporte urbano en esa parte del país, considerada la más grande en extensión e importante del Estado Plurinacional en el orden económico.
Más que parar “necesitamos reactivar la economía”, expresó el dirigente obrero y aseguró que en Santa Cruz no acatarán el paro ni el transporte público, el intermunicipal, ni el interprovincial.
Daza mostró preocupación de los trabajadores por la situación económica y apuntó que parar un día más es “dar gusto a personas que tienen un interés personal”.
En las últimas semanas, políticos y legisladores de la oposición promovieron una campaña para deslegitimar la mencionada Ley sobre Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo.
La cruzada impactó en diferentes gremios obreros y del sector informal, confundidos por la propaganda opositora de que la 1386 limitará su accionar, más el Ejecutivo convocó al diálogo para dar explicaciones y pospuso en forma temporal su aprobación definitiva.
El vocero de la Presidencia Jorge Richter denunció este lunes que el paro de la próxima semana busca desestabilizar el país y causar daños económicos y recordó que para evitar confrontación entre los connacionales se decidió retirar de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley.
Afirmó que detrás de paralizar actividades hay una intencionalidad política que desestima el desarrollo de la economía y la producción, en el momento que el país muestra indicadores de recuperación tras el golpe de Estado de noviembre de 2019.
Richter consideró al diálogo como el camino para solventar las diferencias y expresó que las medidas de presión perturban la reactivación económica y la reconstrucción de los espacios productivos, por lo que estas movilizaciones no son otra cosa que políticas.
También ayer la ministra de la Presidencia María Nela Prada alertó sobre los intentos desestabilizadores y lamentó que algunos grupos busquen alianzas con dirigentes de sectores populares y pongan como excusa esa normativa.
La funcionaria aseguró que como gobierno nunca atentarán contra los intereses populares, la clase trabajadora y el pueblo boliviano, “no lo vamos a hacer”, remarcó.
Un paro con iguales características y fines terminó días atrás en sonado fracaso ante la casi nula acogida de los sectores afiliados a la Confederación de Trabajadores Gremiales.
Nosotros no lo vamos a permitir (la intención de tumbar el Gobierno) y damos nuestro total respaldo a nuestro presidente Luis Arce y vicepresidente David Choquehuanca, subrayó un dirigente sindical. (Fuente: Prensa Latina).
