Poco después de asumir el cargo, Biden trató de poner fin a la MPP, pero los gobernadores republicanos de Texas y Missouri demandaron a la administración en un esfuerzo por mantener la política en su lugar, al considerar que su vigencia era un asunto de “sentido común”.

Para los defensores de los derechos de la inmigración, el MPP viola la legislación estadounidense, así como las obligaciones internacionales de Estados Unidos de ofrecer a los solicitantes de asilo un lugar seguro de espera mientras se procesan sus solicitudes. La decisión del quinto Circuito fue escrita por el juez Andrew Oldham, nombrado por Trump, quien dijo que el enfoque propuesto por el DHS para la política era «tan ilegal como ilógico.»

En su reciente petición al Tribunal Supremo, el Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) instó la revisión del caso, ya que las decisiones anteriores en contra de poner fin al MPP se hicieron sobre interpretaciones erróneas de las leyes federales.

De acuerdo con el DOJ, el tribunal inferior se equivocó al decidir que la decisión del secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, a principios de este año de poner fin al MPP no tenía ningún efecto legal.

Mayorkas hizo exactamente lo que debía hacer, por lo que el fallo del tribunal de apelación «ignoraba principios fundamentales del derecho administrativo», afirmó el Departamento de Justicia.

En resumen, los tribunales inferiores ordenaron al DHS que aplique y haga cumplir a perpetuidad el efímero y controvertido programa MPP, añadió.

El MPP no es la mejor herramienta para disuadir la migración ilegal, expone a los migrantes a riesgos inaceptables y desvirtúa los esfuerzos del Ejecutivo en materia de relaciones exteriores para gestionar el éxodo regional, concluyó la petición.