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Santiago de Chile, 1 feb (RHC) La Convención Constitucional de Chile aprobó este martes en términos generales la iniciativa de norma que reconocerá el dominio pleno del Estado sobre los bienes estratégicos del país, de instaurarse la nueva carta magna.

“El Estado, en representación de los pueblos de Chile, tiene el dominio absoluto, exclusivo, excluyente, inalienable e imprescriptible de todos los bienes estratégicos”, establece la propuesta legal.

Esta incluye como tales el “cobre, el litio, el oro, la plata, los hidrocarburos líquidos o gaseosos, el uranio, el manganeso, el molibdeno, el cobalto, el boro, las tierras raras y otros minerales”.

La iniciativa, aprobada por la comisión de Medio Ambiente, comprende la nacionalización de las empresas de explotación y exploración, sin indemnizaciones por los derechos sobre bienes mineros e hidrocarburos que, ya por mandato constitucional, pertenecerían al Estado.

El contralor general de Chile, una vez aprobada la Constitución, determinará el monto de las indemnizaciones a los antiguos dueños por la nacionalización de sus empresas.

“Será responsabilidad del Estado la dirección de la política minera, metalúrgica y de hidrocarburos, así como el fomento, promoción y control de la actividad minera”, establece el documento.

La propuesta legal insiste en el estricto cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y naciones preexistentes y hace hincapié en el consentimiento previo, libre e informado sobre decisiones que afecten sus territorios y supervivencia.

Ante la amenaza a sus intereses, la derecha chilena calificó la aprobación de la iniciativa como un error jurídico que llevará al país a la bancarrota o que expropiar las empresas mineras equivale a anular las posibilidades de más justicia para Chile.

El preámbulo de la iniciativa de norma reconoce el modelo extractivista generado por la explotación minera; existen cinco zonas de sacrificio a lo largo del territorio nacional que son escenario de un permanente despojo tanto por las empresas de la gran minería privada como por las transnacionales, recoge el documento.

El hecho de que la norma se haya aprobado “en general” implica la posibilidad de sufrir modificaciones; además, debe ser votada por dos tercios del Pleno de la Convención para incluirse en la nueva carta magna. (Fuente:PL)