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Nueva York, 20 oct (RHC) Una comisión de Naciones Unidas que investigó la ocupación del territorio palestino por parte de Israel solicitó a la Asamblea General del organismo remitir el caso a la Corte Internacional de Justicia -CIJ-, informaron este jueves.

La Comisión de Investigación designada por la ONU concluyó que la posición israelí es ilegal según el derecho internacional debido a su permanencia y a las políticas de anexión de facto de su gobierno.

Una invasión en tiempos de guerra, agregó el informe, es una situación temporal y no priva al país ocupado de su condición soberana.

Alegó además que declaraciones recientes del Secretario General, António Guterres, y numerosos Estados Miembros han indicado claramente que cualquier intento de anexión unilateral del territorio de un Estado por parte de otro es una violación del derecho internacional y es nulo y sin efecto.

“La semana pasada, 143 Estados miembros, incluido Israel, votaron a favor de una resolución de la Asamblea General que reafirma esto. A menos que se aplique universalmente, incluso en la situación en el Territorio Palestino Ocupado, este principio fundamental de la Carta de las Naciones Unidas dejará de tener sentido”, expresó la presidenta de la Comisión, Navi Pillay.

Para su informe, los comisionados revisaron las políticas y las acciones utilizadas por Israel para mantener la ocupación y anexar partes del territorio palestino.

Se centraron en cómo ese país sostiene y hace avanzar la denominada “empresa de asentamientos israelí”, y también analizaron las declaraciones realizadas por funcionarios que indican la intención de mantener el control permanente sobre la tierra en violación del derecho internacional.

La Comisión concluyó entonces que al continuar ocupando el territorio por la fuerza, Israel incurre en responsabilidades internacionales y sigue siendo el culpable de las violaciones de los derechos de los palestinos, tanto individualmente como al conjunto de su pueblo.

Revisó igualmente la expropiación y la explotación de tierras y recursos naturales por parte de Israel, y sus políticas restrictivas de zonificación en Cisjordania.

La tierra a menudo se confisca con fines militares, pero luego se usa para la construcción de asentamientos, refirió el informe.

El texto abordó además las políticas israelíes que afectan la vida de los palestinos.

“Hay tanto daño silencioso y trauma psicológico, que puede no ser evidente de inmediato, como resultado de la erosión de los derechos económicos, sociales y culturales. Estos procesos debilitantes tienen graves consecuencias a corto y largo plazo y deben abordarse con urgencia”, afirmó el comisionado Miloon Kothari.

El informe determinó que algunas de las políticas y acciones del gobierno israelí pueden constituir “elementos” de crímenes bajo el derecho penal internacional, incluido el crimen de guerra de transferir parte de su propia población civil al territorio ocupado.