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La Paz, 31 dic (RHC) La imputación judicial por terrorismo y el encarcelamiento preventivo por cuatro meses del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pone a la Asamblea Legislativa Departamental ante el reto de analizar su sucesión.
Al referirse a su encierro en la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro, departamento de La Paz, el presidente de la Asamblea Legislativa (parlamento) cruceña, Zvonko Matkovic, afirmó que Camacho sigue en sus funciones; sin embargo, aclaró que se definirá “la situación del gobernador” en una reunión entre el Órgano Legislativo y el Ejecutivo.
Según el Estatuto Autonómico departamental en su artículo 25, “ante la ausencia temporal de la Gobernadora o el Gobernador se produce la suplencia gubernamental, asumiendo la Vicegobernadora o el Vicegobernador las funciones de Gobernadora o de Gobernador”.
Por su parte, el articulado número 26 precisa que “el mandato de la Gobernadora o Gobernador cesará únicamente en caso de muerte, renuncia formal presentada ante la Asamblea Legislativa Departamental, ausencia o impedimento definitivo, sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal en su contra y revocatoria del mandato”.
Camacho encara por el momento una detención preventiva de cuatro meses como parte de las investigaciones del caso Golpe de Estado I, en el cual se le acusa de terrorismo como principal impulsor de las revueltas violentas que forzaron la renuncia del expresidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, y allanaron el acceso a la jefatura de Estado en un gobierno de facto de la exsenadora Jeanine Áñez.
Dentro de ese complot, a través de su padre, José Luis, Camacho “amarró” con los mandos militares y policiales la protección y el apoyo final a quienes violaban el orden constitucional, según sus propias confesiones en un video transmitido por la televisión nacional.
Pese a su amistad cercana y la coincidencia en impulsar planes federalistas que generan sospechas de separatismo, Matkovic abrió la posibilidad de encomendar la máxima responsabilidad ejecutiva departamental al vicegobernador, Mario Joaquín Aguilera.
“Nuestro Estatuto, a diferencia de otros departamentos, contempla un gobernador, contempla un vicegobernador, y al final de cuentas aquí la Gobernación va a seguir trabajando, va a seguir cumpliendo con sus obligaciones”, declaró a medios periodísticos.
Sin embargo, ese criterio no lo comparte el asesor de Gestión de Gobierno Departamental, Efraín Suárez, quien se aferra a que Camacho se mantenga como gobernador, pese a su encierro.
“El gobernador va a continuar siendo don Luis Fernando Camacho Vaca”, enfatizó en declaraciones a la Radio Erbol, en actitud que evidenció el rechazo de los seguidores de Camacho en contra de Aguilera.
Arquitecto de formación, este último fue elegido vicegobernador en binomio con Camacho en las elecciones subnacionales de 2021, y ya en marzo del año que concluye fue centro de una polémica cuando el gobernador viajó a Brasil.
Camacho entonces aprobó el decreto departamental 343, que marginó a Aguilera de la sustitución temporal reglamentaria, facultad que delegó en el secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, en clara violación del Estatuto legal.
Ese decreto fue publicado en la Gaceta Oficial de la Gobernación, pero ante el escándalo originado el documento fue retirado de las redes digitales.
Cuando Aguilera demandó un informe oficial del entuerto, el secretario departamental de Justicia, Efraín Suárez, declaró que la publicación temporal del decreto 343 “fue un error involuntario” de un funcionario de la Dirección de Desarrollo Autonómico y Normativo, unidad encargada de la administración de la Gaceta.
No obstante, ese suceso evidenció un distanciamiento entre Camacho y Aguilera, aunque algunos militantes de Creemos, partido del gobernador, insistieron en restar importancia a la confrontación, a la que calificaron de incidente.
Sobre este asunto, la legisladora del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) Estefanía Morales exigió a Camacho el 22 de marzo que explique por qué el decreto departamental 373 supuestamente fue aprobado por el secretario de Gestión Institucional en lugar del vicegobernador, como establece la normativa.
Por su parte, ante la situación creada con el encierro de Camacho, el abogado constitucionalista y catedrático universitario Franklin Gutiérrez consideró que corresponde aplicar el artículo 25 del Estatuto Autonómico.
De cumplirse esta indicación normativa, Santa Cruz tendrá un nuevo gobernador, al menos de forma temporal. (Fuente:PL)
