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Brasilia, 4 ago (RHC) El Supremo Tribunal Federal (STF) decidirá este viernes si el ministro de la corte, André Mendonça, podrá participar en el polémico juicio sobre la constitucionalidad de la tesis para la demarcación de tierras indígenas en Brasil.
Tal caso será examinado a partir de una cuestión de orden planteada por Mendonça, autor de la solicitud de vista que en junio suspendió el análisis del caso.
Durante el período de tramitación del proceso en el juzgado superior, el juez no pertenecía al Supremo y ejercía la función de abogado general de la Unión, y ahora la cuestión es si se le impide participar en la votación.
Los ministros del STF depositarán sus votos en el plenario virtual, modalidad en la cual insertan sus decisiones en el sistema electrónico de la corte y no hay deliberación presencial.
El marcador del juicio está dos a uno contra el llamado marco temporal que limita el reconocimiento de la tierra ancestral de los pueblos indígenas a apenas las que ellos ocupaban el día de la promulgación de la Constitución, el 5 de octubre de 1988.
Los ministros Edson Fachin y Alexandre de Moraes se manifestaron contra el hito transitorio. El magistrado Kassio Nunes Marques está a favor.
El portal Poder360 asegura que la expectativa es que Mendonça pueda liberar el proceso para juicio antes de la jubilación de la presidenta de la corte, Rosa Weber, el 2 de octubre.
La pasada semana, líderes de 54 pueblos indígenas dieron plazo hasta el 9 de agosto para que el Estado se pronuncie sobre la tesis que afectará derechos y restringiría la demarcación de sus posesiones.
«Exigimos que el Estado brasileño nos responda hasta el 9 de agosto de 2023, cuando se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas», afirmaron los firmantes del llamado Manifiesto de la Cita del Cacique Raoni Metuktire, conocido luego de cinco días de debates en la Amazonia.
Los suscriptores del texto exigen a los tres poderes, incluyendo al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, una posición específica sobre el marco temporal.
Según especialistas, ese criterio podría poner en riesgo los mil 393 dominios aborígenes en el gigante sudamericano.
El período entre 1945 y 1988 estuvo marcado por agitación política y violaciones generalizadas de los derechos humanos en el país, incluyendo la dictadura (1964-1985).
De esta forma, muchos pueblos indígenas fueron violentamente expulsados de sus territorios.
Para los signatarios del manifiesto, el marco temporal excluye la realidad histórica y cultural de las comunidades originarias y viola tratados internacionales firmados por Brasil, como la Declaración de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo. (Fuente:PL)
