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Buenos Aires, 28 dic (RHC) El Partido Justicialista (PJ) rechazó este jueves un paquete de leyes enviado por el presidente Javier Milei al Congreso, por considerar que avasalla los derechos adquiridos y condena a los argentinos a una crisis más profunda.

En un comunicado, el PJ advirtió que dicho proyecto “profundiza y amplía el inconstitucional decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 que establece una profunda desregulación de la economía, deroga múltiples leyes laborales y allana el camino para la privatización de empresas públicas”.

Dicha formación advierte que las medidas del Gobierno “agravan los problemas de los ciudadanos, al imponer un programa de flexibilización laboral, impositiva y ambiental que ya fue aplicado en otros momentos de la historia y provocó enormes tragedias sociales”.

“El presidente quiere apropiarse de las facultades del Legislativo, pisoteando la Constitución Nacional y la división de poderes. Asimismo, reduce la representación de las provincias en el Congreso, echando por tierra la paridad de género y la multiplicidad de voces”, apunta el texto.

Señala que se pone en venta el patrimonio de todos los argentinos mediante la privatización y la habilitación del Gobierno para endeudarse sin necesidad de consultar a diputados y senadores.

También justifica el despido de miles de trabajadores del sector público, que actualmente sostienen políticas esenciales para garantizar derechos y permite la entrada de tropas extranjeras al país sin la autorización del Congreso, denuncia el PJ.

Por otra parte, critica la transferencia de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social al Tesoro Nacional y la eliminación de la fórmula jubilatoria para establecer aumentos discrecionalmente por decreto.

El paquete de leyes criminaliza la protesta social, limita el derecho a huelga, agrava las penas a ciudadanos que participen de manifestaciones y establece la posibilidad de detener a quienes organicen reuniones de tres o más personas, advierte el comunicado.

Estas medidas son un avasallamiento de derechos democráticos que se encuentran estipulados en tratados internacionales e implicaría reinstaurar el estado de sitio en nuestro país. Lejos de representar el orden, esto conllevaría al caos social, asevera.

El resultado de la aplicación de las mismas no será distinto al que ya vivimos con recetas que fracasan continuamente y que solo lograrán la destrucción del empleo y de las pequeñas y medianas empresas, la pérdida de la soberanía sobre nuestro territorio y los bienes naturales, concluye. (Fuente:PL)