Indígenas de Ecuador culpan al Gobierno y a minera por desalojo

Editado por María Candela
2024-07-23 19:12:16

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La Conaie se solidarizó con el presidente shuar Domingo Ankuash, líder histórico y defensor del territorio.

Quito, 23 jul (RHC) La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) responsabilizó hoy al Gobierno y a una empresa minera del desalojo de la sede de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICS), en la provincia amazónica de Morona Santiago.

La Conaie emitió un comunicado en el que condena cómo 200 efectivos policiales, sin una orden de desalojo, intervinieron en el inmueble.

“Condenamos enérgicamente la forma en que el gobierno nacional de Daniel Noboa, en complicidad con la empresa minera Solaris de Canadá, ha violado la autonomía, la libre determinación y el derecho a la consulta previa, libre e informada del pueblo shuar”, señala el texto.

La Conaie se solidarizó con el presidente shuar Domingo Ankuash, líder histórico y defensor del territorio, y anunció que emprenderá “acciones judiciales y de resistencia para restablecer la histórica línea política de defensa territorial”.

El pueblo shuar está asentado en territorios de Perú y Ecuador y, según estimaciones, cuenta con 110 mil habitantes.

En los últimos tiempos, el desarrollo de proyectos mineros en Ecuador ha generado controversias entre el Gobierno y movimientos sociales, incluidos los indígenas, que han llegado a enfrentamientos violentos. Muchos habitantes de las comunidades cuestionan el avance del extractivismo debido a sus consecuencias para el medio ambiente sin grandes beneficios para las zonas donde se desarrollan.

La Conaie presentó un proyecto de ley de consulta previa, libre e informada, que busca hacer cumplir los derechos constitucionales de respeto a los territorios de los pueblos autóctonos antes de la concesión de planes extractivistas.

El pasado 2 de julio, indígenas ecuatorianos presentaron a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que busca garantizar que las comunidades indígenas, afrodescendientes y montubias sean consultadas ante cualquier actividad que se pretenda desarrollar en sus territorios. (PL)



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