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La Habana, 11 oct (RHC) El Gobierno peruano describió como pacífico el primer día de un paro de transportistas y lo enfocó como un tema de orden público, cuyo saldo fue 23 detenidos y un herido arrollado por una motocicleta policial.

El primer ministro Gustavo Adrianzén, y los titulares del Interior, Juan José Santiváñez; Defensa, Walter Astudillo, y otros, dedicaron buena parte de una larga conferencia de prensa de balance sobre la jornada, a enumerar los servicios de transporte, organismos y actividades empresariales, dijeron, no fueron afectados.

La versión oficial contrastó con lo informado por la prensa a lo largo del día, mostrando calles desiertas y escasa presión de usuarios en las paradas de las líneas de transporte activas, así como bloqueos de vías y marchas en diversos puntos de Lima,.

En el panorama presentado, los integrantes del Ejecutivo minimizaron el impacto de la primera jornada del paro y consideraron parte de la normalidad el hecho que en las escuelas y casi todas las universidades las clases fueron virtuales, e igual ocurrió con organismos públicos y empresas.

Tampoco mencionaron que el paro fue apoyado por organizaciones de pequeños empresarios que cerraron grandes centros comerciales populares y mercados de abasto, como gesto de apoyo.

Adrianzén reconoció el carácter pacífico de la principal marcha de transportistas, desde el lado norte de la ciudad hasta el parlamento, frente al cual la Policía dispersó a los manifestantes debido, sostuvo, a que un grupo de infiltrados atacó a los gendarmes.

Una delegación de dirigentes de los transportistas fue recibida tras largas horas de espera por el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y representantes de diversas bancadas.

El titular de la Alianza Gremial del Transporte, Richard Barrenechea, pidió a los legisladores voluntad política para atender la demanda anular una ley aprobada por el legislativo que, según sus críticos, favorece a la criminalidad organizada.

También demandó que no se apruebe un proyecto gubernamental para tipificar la extorsión y el sicariato como terrorismo urbano y someter a los policías que cometan delitos bajo el estado de emergencia a los tribunales militares y no a la justicia común. (Fuente: Prensa Latina)