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La Habana, 17 oct (RHC) Los bolivianos permanecen hoy expectantes ante el inicio del juicio oral contra los imputados en el expediente penal Golpe de Estado I por la ruptura del orden constitucional en 2019 y las masacres ocurridas días después.
La víspera, el excívico de Potosí Marco Antonio Pumari fue trasladado desde ese departamento a la cárcel de San Pedro, en La Paz, desde donde será conducido este jueves a la audiencia sobre la conspiración que desembocó en la renuncia del presidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019.
El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, confirmó el traslado de Pumari y explicó que también se recibió la instrucción correspondiente para preparar la parte logística de la transportación al juzgado de El Alto del gobernador y excívico de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y de la exgobernante de facto (2019-2020) Jeanine Áñez.
Comparecerán también en la audiencia de este jueves como los principales acusados Camacho, quien permanece preventivamente en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el departamento paceño, y Áñez, encarcelada en el centro penitenciario de Miraflores, en La Paz.
Golpe de Estado I incluye también a altos mandos militares y policiales implicados en la ruptura del orden constitucional en noviembre de 2019.
La fiscalía abrió este expediente penal por la comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración a instancias de una acusación presentada por la exdiputada del Movimiento al Socialismo Lidia Patty.
Tras asumir la presidencia del país ilegalmente el 12 de noviembre de 2019, 48 horas después Áñez firmó el decreto supremo 4078 (conocido como de la Muerte) que eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la violencia aplicada en la represión contra quienes reclamaban restaurar el orden constitucional.
Como resultado, ocurrieron las masacres de Senkata, en la ciudad de El Alto; El Pedregal, en La Paz, y Sacaba, en el departamento de Cochabamba, con un saldo de cerca de 40 muertos y cientos de heridos por armas de fuego, así como miles de encarcelados y torturados, y encara una posible pena máxima de 30 años. (Fuente: Prensa Latina)
