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Ciudad de Panamá, 14 feb (RHC) Las medidas contra manifestantes y el sindicato de la construcción en Panamá por parte del Gobierno son estimadas como serias violaciones a la legalidad constitucional.
En un artículo en la revista de análisis político El Periódico de Panamá, el jurista Ramiro Guerra señala que el presidente del país, José Mulino, sin reparo alguno de legalidad, se refirió al movimiento sindical, con adjetivos y epítetos denigrantes y descalificantes, con el propósito de reducirlo a lo mínimo.
También señala que el mandatario ordenó a la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral que no entregue fondos del seguro educativo a las centrales obreras.
Para el también escritor, la medida es terrible pues la fuente de los recursos del seguro educativo, son los trabajadores. El gobierno no pone ningún centavo para formación y capacitación sindical, aclaró.
Guerra recordó que en las aulas de la facultad de derecho se aprende que la justicia es un valor de alta catadura existencial y se pregunta por qué tanto silencio de los diversos sectores jurídicos, frente a los desmanes que desde el Estado, los gobernantes, hacen y que riñen contra la institucionalidad.
Sobre los enfrentamientos el miércoles entre los obreros y la policía en la avenida Balboa, en protesta contra un proyecto de ley del seguro social, Guerra comenta que una ciudadana hizo un video, donde claramente se observa que no tenían 15 minutos de la llegada de los trabajadores a esa céntrica arteria, cuando fueron atacados con bombas lacrimógenas por parte del aparato que tiene el monopolio de la violencia.
“¡Ojalá! las autoridades del Ministerio Público hagan las investigaciones de manera objetiva. El procurador, por la salud de la institucionalidad, no puede aparecer como si fuera un amanuense del poder político y que el Sr presidente no se haga la idea, que manda en esa institución hasta convertirla en una agencia de persecución política de este régimen.”, remarca en el escrito.
Además indica que en medio de una imagen negativa sobre el país a nivel internacional, las recientes declaraciones de Mulino, coloca a la nación canalera como otro violador de múltiples convenios de la Organización Internacional del Trabajo y otros acuerdos de los derechos humanos.
Como escribió Ferdinand La Salle, la constitución ha terminado en simplemente un papel, remarca. Aún en medio de falacias y seudo institucionalidad, agrega Guerra, hoy vemos abusos que rebasan la legalidad y la constitución. Ejemplo enviar la policía a las viviendas de dirigentes populares, para ponerlo en recaudo cuartelario.
“El presidente (Mulino) no entiende y tampoco razona, que resulta grave, cuando la legitimidad social, se pierde en un cerrar y abrir los ojos, significa que el poder se deslegitima solo. Algo de eso viene ocurriendo”, subraya el académico.
Además estima que mientras haya pobreza, miseria, justicia mediatizada, es decir, desigualdades sociales, siempre habrá lucha.
Bien lo dijo Omar Torrijos (1929-1981), “los pueblos se cansan de tantos oprobios y cuando eso ocurre, no hay barranco que lo ataje”, concluye el analista.
