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La Habana, 19 de mar (RHC) Un juez federal dio hasta hoy plazo al Departamento de Justicia de Estados Unidos para proporcionarle de forma confidencial más información sobre las deportaciones del Gobierno de Donald Trump bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
La orden de James Boasberg para obtener respuestas de forma secreta llega después de que un abogado del DOJ (sigla en inglés por la cual se conoce el Departamento) pusiera obstáculos al proceso durante una audiencia el lunes.
El magistrado exigió, entre otras cosas, detalles sobre los vuelos que trasladaron a más de 250 migrantes, la mayoría venezolanos, supuestamente miembros del grupo criminal Tren de Aragua, a El Salvador.
Boasberg consideró que el Gobierno federal pudo haber violado su orden sobre las deportaciones invocadas por una ley de más de 220 años solo aplicada en tiempo de guerra.
Durante la audiencia, el abogado del DOJ se negó varias veces a responder muchas de las preguntas formuladas por Boasberg, alegando que no estaba “autorizado” a hacerlo.
La demanda al respecto fue presentada por la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU), cuyo abogado calificó la situación de “crisis constitucional”.
“A esta altura, el Gobierno da la impresión de (…) que sus funcionarios critican públicamente a los jueces federales y afirman que no tienen autoridad. Creo que Estados Unidos está entrando así en un terreno peligroso”.
Trump pidió la víspera la destitución de Boasberg, quien fue designado por Barack Obama (2009-2017) y es el actual juez principal del tribunal federal de primera instancia en Washington. El mandatario lo calificó de «lunático de la izquierda radical”.
El presidente del Tribunal Supremo John Roberts reprendió al mandatario por atacar al juez y sugerir su destitución.
Por su parte, el llamado “zar de la frontera” de Trump, Tom Homan, declaró a Fox News que el juez no tenía autoridad para ordenar el retorno de los vuelos de deportación porque, según afirmó, se encontraban sobre aguas internacionales cuando emitió su orden por escrito. “No me importa lo que piensen los jueces”, subrayó.
En tanto, el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller expresó falsamente a la CNN que la administración Trump tiene el derecho de violar las órdenes judiciales con las que difiere.
La madrugada del domingo despegaron desde Texas los vuelos con destino a El Salvador. Hay acusaciones de que entre los deportados hay personas sin récord criminal. (Fuente: Prensa Latina)
