Corte Migración

Washington, 1 abr (RHC) Las agresivas políticas migratorias de la administración de Donald Trump siguen hoy en el centro de demandas interpuestas en tribunales de Estados Unidos.

Una de esas denuncias recientes es de varias organizaciones civiles en defensa de inmigrantes que van contra la exigencia del registro ante Servicios de Ciudadanía e Inmigración (Uscis).

“Sin ninguna participación pública, la norma activa una ley federal de la Segunda Guerra Mundial que (…) exige que los no ciudadanos se registren al llegar a Estados Unidos”, expresaron en su demanda ante la Corte de Distrito de Washington, D.C.

“Fuera de los casos de guerra o de muerte inmediata a causa de los ataques terroristas del 11 de septiembre, el Gobierno federal ha limitado el requisito de registro (…)”, añadieron.

“Ahora, sin embargo -subrayaron en su acusación-, la administración Trump está aprovechando el requisito para convertir a Estados Unidos en un estado de ‘muéstrame tus papeles’ e incentivar a los no ciudadanos indocumentados a autodeportarse”.

Los demandantes son la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla), Trabajadores Agrícolas Unidos de América, CASA y Make the Road New York, que están acompañados legalmente por el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, entre otros, reseñan medios locales.

Para Angélica Salas, directora ejecutiva de Chirla, “este proceso es una redada masiva y una extensión de la campaña alarmista de la Administración Trump dirigida a inmigrantes con profundas raíces en sus comunidades y que contribuyen a la fortaleza y vitalidad de nuestra nación”.

Por su parte, Michelle Lapointe, directora legal del Consejo Estadounidense de Inmigración, opinó que “esta norma es una invitación al abuso generalizado”.

“Hablamos de una nueva realidad en Estados Unidos, en la que cualquier persona percibida como inmigrante tendría que llevar consigo sus documentos de identidad cada vez que salga de casa y estar preparada para mostrárselos a las autoridades si se los piden, con el riesgo de ser arrestada”, alertó Lapointe, citada por el diario hispano Le Opinión.

El Gobierno de Trump enfrenta distintos desafíos legales en los tribunales por asuntos como el intento por suspender el sistema de reasentamiento de refugiados, eliminar el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento o la deportación sin audiencias judiciales de a quienes acusa sin evidencia de delitos.

La víspera, un juez federal puso un semáforo en rojo a la orden de terminar de momento con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 350 mil migrantes venezolanos en Estados Unidos. (Fuente:PL)