
Trump anunció nuevos aranceles para sus aliados comerciales
Ciudad de Panamá, 3 abr (RHC) Tras el decreto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel del 10% a productos panameños, el Gobierno podría reclamar respeto al Tratado de Promoción Comercial (TPC), trascendió hoy.
De acuerdo con un informe de la revista de análisis político, El Periódico de Panamá, fuentes cercanas a la cancillería adelantaron que esperan solicitar una reunión urgente con la Oficina del Representante Comercial del país norteño.
La medida, inesperada y sin consultas previas, calificada como “recíproca y necesaria” por el magnate republicano, representa un golpe directo a la columna vertebral del intercambio bilateral, el TPC, firmado en 2007 y vigente desde 2012, de acuerdo con el informativo.
Estadísticas oficiales del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) señalan que el año pasado, Panamá exportó a Estados Unidos 264.6 millones de dólares, sobre todo productos del mar, azúcares, confites y manufacturas de piedra y cemento.
El 95% de esas exportaciones estaban amparadas bajo el TPC, lo que garantizaba su libre ingreso al mercado estadounidense.
Al respecto, la presidenta de la Asociación Panameña de Exportadores (APEX), Bianca Morán, señaló que esta acción de Trump podría interpretarse como una ruptura unilateral de un acuerdo internacional vinculante, a lo que llamó a exigir respeto al marco jurídico y activar los mecanismos de solución de controversias.
Desde el sector jurídico, expertos constitucionalistas y en derecho internacional advierten que esta medida podría representar una violación directa de los compromisos suscritos en el TPC.
El artículo 22.2 del acuerdo establece que “ninguna Parte adoptará ni mantendrá aranceles aduaneros sobre bienes originarios de la otra Parte, salvo lo establecido en el presente tratado”.
El impacto económico inmediato ya se siente entre los exportadores. Productores de camarón y pescado de Chiriquí, empresarios azucareros de Coclé y fabricantes de cemento en Colón advirtieron que la imposición del arancel provocará cancelaciones de pedidos, renegociaciones a la baja y pérdidas incalculables de empleo en zonas rurales.
En ese sentido, el empresario Pedro Santiago declaró a la prensa desde la occidental provincia de Veraguas, que no se trata solo de un tema económico, sino de soberanía comercial, debido a que el inquilino de la Casa Blanca está atacando el corazón del comercio justo.
Para otros estudiosos, esta repentina medida anunciada por Trump la víspera, podría formar parte de una estrategia más amplia de presión sobre el istmo, asociada incluso a la amenaza de retomar el control del canal de Panamá, las tensiones por políticas de inversión extranjera o por represalias frente a posicionamientos multilaterales del país.
Por su parte, la diputada Ana Paula Castrellón solicitó en la Asamblea Nacional (parlamento) que el Ejecutivo emita una protesta formal ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y que se convoque a una sesión extraordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, aunque el Gobierno aún no ha emitido una reacción oficial.
“No podemos permitir que se pisotee nuestra soberanía económica. Es momento de repensar nuestras relaciones comerciales y apostar por una integración regional que nos proteja del chantaje económico extranjero”, remarcó la legisladora.
El silencio del Ejecutivo contrasta con el clamor del sector agroexportador, que exige claridad, firmeza y acción inmediata, apuntan otros analistas. (Fuente:PL)