Santiago de Chile, 8 ene (RHC) Un grupo de la sociedad civil de Chile manifestó sus reparos a la adopción del país del Tratado Transpacífico, con la esperanza de que el Congreso Nacional termine por rechazar ese acuerdo.
En rueda de prensa, manifestaron varios miembros de la Plataforma Chile Mejor Sin TPP que las implicaciones de la ratificación del convenio pudieran generar consecuencias negativas en los derechos humanos y la soberanía nacional de ese país.
Aunque varios dirigentes de esa plataforma afirman que el Tratado Transpacífico carece de transparencia, el gobierno de la nación sudamericana los considera una oportunidad de potenciar el desarrollo.
El próximo 4 de febrero Chile, junto a Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, México y Perú, firmará el arreglo.
Por su parte, el ministro de Gobierno y portavoz oficial, Marcelo Díaz, pidió a los empresarios evitar excusas absurdas en referencia a los casos de colusión que han sacudido a Chile en los últimos meses.
En particular, Díaz respondió al empresario Nicolás Ibañez, quien reaccionó airado contra la administración de Michelle Bachelet por supuestamente estimular una suerte de guerra frente a los negocios.
"Aquí hay una investigación de un ente autónomo e independiente, como lo es la Fiscalía Nacional Económica, de un hecho de enorme gravedad", dijo Díaz en referencia a la colusión de importante cadenas de supermercados en Chile.
El secretario de Estado subrayó la profunda valoración del aporte que los empresarios hacen al país, "pero eso no significa que haya manga ancha para hacer cosas de esta naturaleza que terminan metiendo la mano en el bolsillo de la gente".
Añadió que la colusión en los supermercados se suma a otros hechos de la misma naturaleza que afectan de manera muy severa, por una parte, la confianza de los ciudadanos, "pero por otra al presupuesto de las familias".
Díaz recalcó que el Gobierno hace su trabajo en esta materia y espera que antes del fin de enero se haya aprobado el proyecto de ley que eleva las multas y establece penas de cárcel para quienes incurren en prácticas de colusión.
La jefa de Estado se sumó a la ola de condenas enérgicas al nuevo expediente de colusión en el país, al tiempo que llamó a los parlamentarios a aprobar el endurecimiento de los castigos.
Bachelet dijo que se trata de otro caso inaceptable que merece el más severo rechazo, por lo cual el Congreso Nacional debe acelerar la tramitación de la legislación que repone las penas de cárcel para delitos contra el libre mercado.
La Fiscalía Nacional Económica exigió severas sanciones que incluyen las multas a cada uno de los comercios (de 22,9 millones de dólares) involucrados en fijar los precios de venta de la carne de pollo fresco por lo menos de 2008 a 2011.
Coincidentemente, la Corte Suprema chilena ordenó ayer la disolución de la Asociación Gremial de Ginecólogos Obstetras de la provincia sureña de Ñuble, acusados de fijar los precios mínimos de las prestaciones en el sistema privado de salud.
Fuentes judiciales dijeron que la tercera sala del máximo tribunal acogió el recurso interpuesto por la Fiscalía Nacional Económica al ordenar la disolución de la entidad gremial que agrupa a obstetras de la zona.
Hace unos meses, se adelantó otra investigación similar, al descubrirse la concertación entre la Compañía Manufacturera de Cartones y SCA para controlar el precio del papel higiénico y otros.
La acción judicial ahora fue interpuesta ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra Cencosud, Walmart y SMU (Unimarc).
Cencosud, con presencia también en Argentina, Brasil, Perú y Colombia, opera en Chile las marcas Jumbo y Santa Isabel. Por su parte SMU maneja en el mercado local las marcas Unimarc, Bigger, Mayorista 10, Maxi Ahorro, Alvi, Dipac y Comer.
La filial en Chile de la cadena estadounidense Walmart, la mayor del mundo, se conoce aquí a través de Hipermercados Lider, Lider Express, SuperBodega aCuenta y Ekono.
