Caracas, 13 ene (RHC) El ministro venezolano de Industria y Comercio, Miguel Pérez, consideró que la conciencia revolucionaria del pueblo permitirá avanzar hacia la construcción de un nuevo modelo productivo en el país sudamericano.

Durante su participación en una asamblea popular con microempresarios y emprendedores del oriental estado de Anzoátegui, instó Pérez a tener presente los logros en 17 años de Revolución Bolivariana.

El titular también apuntó que en ese tiempo se han distribuido más de 500 mil millones de dólares en programas sociales, lo cual no puede caer en el olvido.

Por su parte, Tania Díaz, diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela por el Gran Polo Patriótico, rechazó la aprobación de un acuerdo para levantar el cierre de la frontera con Colombia.

Subrayó Tania Díaz que lo sancionado por la derecha en el órgano legislativo constituye un irrespeto a la labor del Estado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo para defender la soberanía, lo cual demuestra la piratería parlamentaria de la bancada opositora.

La legisladora denunció que la derecha pretende usurpar las funciones del presidente Nicolás Maduro, quien en septiembre último ordenó cerrar la frontera con Colombia por la proliferación de prácticas paramilitares en estados limítrofes de Venezuela.

El diputado del Gran Polo Patriótico (GPP) Pedro Carreño demandó al Parlamento venezolano, de mayoría opositora, que refleje en acta el acatamiento de una reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El pasado lunes el TSJ declaró que las decisiones de la unicameral Asamblea Nacional eran nulas hasta que su junta directiva revirtiera el juramento a tres diputados, por el estado de Amazonas (sur), contra quienes se presentaron denuncias de fraude en las elecciones del 6 de diciembre.

Este miércoles, en cumplimiento a esa sentencia, el legislativo encabezado por el diputado de derecha Henry Ramos Allup, desincorporó en sesión plenaria a Nirma Guarulla, Julio Ygarza y Romel Guzamana,

De esta manera, la mayoría calificada que detentaba la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en la Asamblea de 167 escaños, se redujo de 112 a 109 legisladores.

"El documento que tiene valor jurídico y legal de las actuaciones de la Asamblea Nacional es el acta de la sesión, y la acta de la sesión es lo que debe enviar la directiva al TSJ para demostrar que acataron", precisó Carreño.

Asimismo resaltó que el bloque de la Patria no permitirá que la derecha emprenda un golpe de Estado parlamentario, como anunciaron desde su instalación el pasado 5 de enero, al afirmar que en un lapso de seis meses removería al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Al respecto alertó que la nueva directiva legislativa representa al pasado, a la IV República (1958-1999)

El diputado comentó que la conducta de la directiva del parlamento "dice mucho de lo que es el fascismo. Se han constituido en unos sistemáticos y recurrentes violadores del estado de derecho y de la constitucionalidad para complacer a sus financistas y al imperio norteamericano".

Sobre el acatamiento de la sentencia del TSJ, el jefe de la bancada del GPP, Héctor Rodríguez, aseveró que triunfaron la razón, la verdad y la Constitución.

Rodríguez recordó que fue también la respuesta a irrefutables evidencias sobre delitos electorales que involucran al gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, comprando votos a favor de familiares, y manipulando ese ejercicio en el caso de ancianos y hasta personas fallecidas.

Los diputados del GPP refutaron también este miércoles una iniciativa de la opositora MUD sobre la Ley de la Vivienda, que presentó el diputado Julio Borges (Primero Justicia).

Según el legislador Earle Herrera, al dar la palabra a Borges, tal parece que se trata de que Ramos Allup quiere quedar bien con alguien que no expuso nada concreto.

Mientras, para el también parlamentario del GPP Diosdado Cabello se trata de un acto de filibusterismo parlamentario. Borges presentó algo que nadie entendió, y que se parecía más una provocación al negar lo que ha hecho la Revolución bolivariana en los pasados 16 años, a favor de la entrega de inmuebles a sectores humildes de la población.